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El Gobierno tendrá mayoría en el órgano que ordenará el transporte

Las diputaciones, enfrentadas con Interior por el control del tráfico, tendrán seis vocales

El Gobierno quiere asegurarse la mayoría en la Autoridad del Transporte de Euskadi, el futuro órgano que coordinará y planificará todo lo relacionado con este sector en la comunidad autónoma. El Ejecutivo dispondrá de diez representantes, frente a los seis de las diputaciones y los cuatro asignados a los ayuntamientos, y en caso de empate decidirá el voto de calidad del presidente, cargo que corresponde al consejero de Transportes. Este consejo pretende coordinar de forma más eficaz todos los medios de transporte, un ámbito en el que tienen competencias todas las instituciones.

El futuro órgano de coordinación no tendrá capacidad ejecutiva, ya que ni las diputaciones ni los ayuntamientos le delegarán funciones o cederán competencias, ni tampoco podrá obligar a la Administración central a cumplir los informes que emita en lo que se refiere a las infraestructuras de interés general, como los aeropuertos o el tren de alta velocidad. Sin embargo, sí podría convertirse en un referente en el conjunto del entramado institucional, si cumple con los fines previstos.

El anteproyecto de ley elaborado por el Departamento de Transportes lo define como la Autoridad del Transporte de Euskadi, lo que da idea de la importancia que le quiere conceder. La necesidad de contar con un sistema más armonizado de transporte para la comunidad nace, según el documento, al que ha tenido acceso este periódico, de las disfunciones que provoca la existencia de varias administraciones con responsabilidades en la materia, como las diputaciones en carreteras.

Así, la Autoridad del Transporte hará las veces de un órgano superior que se encargará de ordenar, coordinar y planificar los diferentes modos de transporte y todas las actividades relacionadas con el mismo. El Plan Director del Transporte Sostenible, aprobado por el Consejo de Gobierno en noviembre del año pasado, ya se marca entre sus objetivos la creación de este organismo. Entre sus funciones figuran las de elaborar los criterios básicos de ordenación y contribuir a la planificación de los servicios e infraestructuras del transporte. En cuanto a la coordinación, su principal misión será establecer cauces que mejoren la comunicación con las diputaciones y los ayuntamientos. También definirá los criterios para garantizar que los servicios de inspección trabajan de una manera uniforme, dependan de una institución o de otra. Sus informes serán preceptivos.

Precisamente, el impulso de esta figura coincide en el tiempo con la crisis que enfrenta al Departamento de Interior con las tres diputaciones por el control de la gestión del tráfico. Aunque el órgano se encargará de todas las modalidades de transporte, las carreteras ocupan un lugar preponderante en Euskadi. La accidentada orografía de la comunidad y su situación geográfica, que la convierten en una zona de paso entre la península ibérica y el resto del continente, ha propiciado una densa red de carreteras, con 0,6 kilómetros por kilómetro cuadrado de superficie, el doble de la media nacional.

El último capítulo de esta batalla se ha saldado con triunfo del Gobierno, al fallar la Comisión Arbitral (el organismo encargado de resolver los conflictos de competencias entre Ejecutivo y diputaciones) a su favor. Según la Comisión, el Gobierno es la única institución competente para gestionar el control del tráfico en Euskadi.

El CES propone "consejo"

En este clima de enfrentamiento, el hecho de que el Gobierno disponga de la mayoría en el pleno de este futuro órgano, con ocho vocales, el presidente y el vicepresidente, podría despertar algún recelo entre las instituciones forales, que cuentan con seis representantes en conjunto (dos cada una). Las capitales vascas dispondrán de uno cada uno, según el borrador, y a la Asociación de Municipios-Eudel se le asigna otro. Además, la Autoridad del Transporte facilitará la creación de unos órganos similares en cada territorio, que ajustarán su actuación a las directrices que marque. Las diputaciones no se han pronunciado acerca del anteproyecto porque lo están analizando.

El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo donde está representada la administración y los agentes sociales, ha emitido esta semana su informe preceptivo, en el que

valora la iniciativa, dada la dispersión de competencias, pero aconseja suprimir el término "Autoridad", al carecer de competencias ejecutivas, y definirlo como "consejo". También echa en falta que no se indique el presupuesto con que contará.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de marzo de 2003