Iztueta pide al rector de la UPV un informe sobre el sistema que se sigue en la enseñanza a presos de ETA

La consejera de Educación, Anjeles Iztueta, se comprometió ayer a pedir al rector de la UPV, Manuel Montero, con quien tenía previsto verse ayer mismo por otros motivos, un informe sobre el sistema que se sigue para la enseñanza y evaluación de los presos de ETA que cursan carreras en la universidad pública y que se estarían beneficiando, según el PP, de "privilegios, fraudes e irregularidades". Iztueta compareció ayer ante la comisión de Educación del Parlamento, pese a estimar que la responsabilidad no es de su departamento, sino de la propia UPV y de la UNED de Bergara, centro dependiente del Ministerio de Educación, que mantienen desde los 80 un convenio sobre este asunto.

La consejera dijo no tener datos de las irregularidades denunciadas por el PP, postura que sostuvo también la portavoz socialista, Isabel Celaá, viceconsejera de Educación cuando Fernando Buesa dirigió el departamento.

El PP, por contra, afirma que los docentes se sienten presionados cuando evalúan a esos alumnos presos, de donde se derivaría el "sospechosamente" alto índice de aprobados e insiste en la existencia de "privilegios académicos y económicos" a los alumnos presos de ETA. El portavoz popular, Iñaki Ortega, llegó a afirmar, dirigiéndose a Iztueta: "Si no es capaz de aclarar las dudas que tenemos, usted participa de ese entramado".

Mientras los representantes de los tres grupos del Gobierno respaldaban a la consejera, el PSE reclamó "racionalidad y moderación" y advirtió a los populares de que la "carga de la prueba" recae sobre quien denuncia. Celaá pidió que se proporcionen a la Cámara los datos para evaluar el problema y "cerrar civilizadamente el tema en esta comisión". La representante de la suspendida Batasuna, Jone Goirizelaia, sostuvo que existen dificultades añadidas para los presos que estudian.

[La portavoz de la plataforma Profesores por la Libertad, Gotzone Mora, invitó a Iztueta a hablar con los docentes para informarse y pidió que se invalide el convenio de la UPV con la UNED para que sea ésta última la que examine a los presos].