La vivienda protegida y el 'plan Ibarretxe'

La dificultad de miles de jóvenes para acceder a una vivienda donde emanciparse y desarrollar su proyecto de vida se revela como una de las asignaturas pendientes, de hondo calado social, en Euskadi; una problemática ante la que ha de ofrecerse una respuesta contundente. Y sospecho que no podrá ser atendida en sus justos términos a menos que pongamos al conjunto del entramado institucional de acuerdo, coordinando iniciativas para paliar este déficit que tiene que ver con el derecho ciudadano a una vivienda digna.

Como alcalde de San Sebastián conozco de primera mano el problema y también los intereses que se esconden tras él. Por eso, es realmente desalentador el panorama de confrontación que se ha evidenciado en el Parlamento vasco con ocasión de la reciente comparecencia del consejero de Vivienda, señor Madrazo, y la ausencia de un debate monográfico donde establecer un diagnóstico y soluciones compartidas. Pero no es el momento de los reproches estériles, porque creo que entre todos debemos contribuir, desde nuestra particular experiencia institucional, a combatir el grave problema social de la carestía de la vivienda, aunque esta cuestión no entre en el guión del famoso Plan del lehendakari.

Iré al grano: pido solemnemente al conjunto de instituciones vascas, así como a la propia sociedad, un Pacto por la vivienda de protección oficial. Se trata de comprometer al Gobierno vasco, a las fuerzas políticas parlamentarias, Diputaciones, los ayuntamientos de las tres capitales y Eudel en una serie de medidas dirigidas a unos objetivos primordiales: beneficiar e impulsar la vivienda protegida, así como poner en marcha políticas pactadas en materia de suelo, planeamiento urbanístico y control sobre la utilización de la VPO.

Asumiendo de antemano que las bases que aquí propongo pueden ser discutibles y que lo importante es que alcancemos unos compromisos de calado que muestren la voluntad concertada de las instituciones, quisiera adelantar en las líneas siguientes lo que en mi opinión debiera contemplar dicho pacto para que sea efectivo.

En el marco de este acuerdo debieran planificarse operaciones convenidas entre el Gobierno y los ayuntamientos, de modo que compartan suelos para construir VPO en alquiler y en cesión de derecho de superficie. Previamente se fijaría una relación de municipios especialmente afectados por el problema de la carestía de la vivienda, así como los compromisos concretos que adquieren las partes y el calendario de actuaciones en convenios sobre suelo y vivienda.

Otro de los objetivos debiera ser agilizar la aplicación y gestión de los presupuestos de la CAV en ayudas a los ayuntamientos para la compra de suelo y la promoción de viviendas de VPO en régimen de alquiler y la incorporación, como actuación subvencionable por el Departamento de Vivienda, de las operaciones de apartamentos para jóvenes en alquiler en suelos de equipamiento. Esta iniciativa del Ayuntamiento de San Sebastián, con cerca de 200 apartamentos, no tiene a día de hoy apoyo alguno del Ejecutivo autonómico.

Es prioritario garantizar la aprobación este año de una ley del Suelo en el Parlamento vasco que dé respuesta a las insuficiencias y a las graves limitaciones que la actual ley estatal, retrógrada y especulativa, encierra. No lo es menos la puesta en marcha de los suelos públicos que en estos momentos están paralizados o en situación de indefinición en algunas localidades de la CAV. También debiera el Ejecutivo vasco asumir su participación en la financiación de los sistemas generales a realizar en los barrios de VPO, de modo que se garantice la rápida ejecución y la calidad de los parques y las redes viarias que sirven a los vecinos.

Otros objetivos básicos de ese Pacto se refieren a aspectos detectados en los últimos años. Así, es urgente eliminar las actuales tutelas de las diputaciones sobre los ayuntamientos para aprobar cualquier modificación de los planes generales. Esta situación retrasa las promociones de vivienda, es absurda y contraviene la autonomía municipal. De no prosperar este planteamiento, sería interesante al menos que tratásemos de acortar los plazos de seis meses de que disponen las diputaciones para aprobar los planes urbanísticos municipales. Los entes forales siempre agotan dicho plazo y provocan retrasos en la ejecución de los proyectos.

También es importante pasar de las grandes declaraciones a los programas concretos. Desde el Ayuntamiento de Donostia, por ejemplo, proponemos mecanismos que vienen funcionando satisfactoriamente para exportarlos a otros ámbitos. Así, podría extenderse el plan de captación de viviendas privadas, conocido como Alokabide, y que persigue poner en alquiler pisos cerrados o con problemas, a precios razonables y con control del uso y garantía por parte del ayuntamiento sobre el pago de rentas de los alquileres a los propietarios

A esta serie de medidas deberían añadirse otras, como la necesidad de acordar medidas fiscales que graven las viviendas vacías y la de aplicar de verdad los mecanismos legales para evitar el uso indebido y los fraudes en la adquisición de una vivienda protegida, para lo cual es obligado el control exhaustivo de la utilización real del parque de viviendas. Como un órgano permanente de garantice la aplicación ágil y el seguimiento de todos estos contenidos, propongo la creación de una comisión interinstitucional con presencia de representantes municipales.

La razón última que me empuja a lanzar esta propuesta no es otra que la de dejar a un lado las luchas partidistas para que en ningún caso perjudiquen o paralicen las operaciones de VPO en las poblaciones de Euskadi. Que nunca más se impida, por ejemplo, el desarrollo de proyectos como el del Ensanche de Altza, en la capital donostiarra, que ha sido rechazado por PNV y PP, pese a contemplar 2.539 pisos de VPO (sobre un total de 3.000) y contar con el apoyo del propio Gobierno vasco mediante un convenio en vigor.

Odón Elorza es alcalde (PSE-EE) de San Sebastián.