Chaves y Zaplana dan por hecho el traspaso de las políticas de empleo a falta de la firma de Arenas

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, dio ayer por "cerrado" el acuerdo "político" para que Andalucía reciba el traspaso de las políticas activas de empleo después de entrevistarse con el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. "Hay una base muy sólida de acuerdo sobre este tema", coincidió el ministro, quien mostró su confianza en hacer efectiva la transferencia el 1 de mayo. Zaplana recordó que ésa fue la última fecha que propuso a la Junta el titular de Administraciones Públicas, Javier Arenas, cuyo Ministerio tiene ahora la última palabra para formalizar el acuerdo.

Chaves y Zaplana revalidaron en Madrid lo que ya habían establecido delegaciones de ambas Administraciones el lunes: relanzar el traspaso de las políticas activas de empleo sobre la base del acuerdo técnico logrado hace dos años. El presidente de la Junta y el ministro de Trabajo dieron ayer una dimensión política a la coincidencia técnica, de modo que las diferencias en las que se enquistaron las conversaciones en el último tramo de la negociación en 2001 quedaron reducidas a "flecos económicos", en palabras de Zaplana.

Los términos del acuerdo son similares a los pactados en marzo de 2001 por el Ministerio y la Consejería de Empleo: 240 millones de euros al año para financiar las políticas activas (escuelas-taller, talleres de empleo, casas de oficio, agentes de desarrollo local), un mínimo de 35 millones anuales para pagar la nómina de los 1.627 funcionarios traspasados, así como 12,6 millones para gastos de material e inversiones en las 190 oficinas del Inem que pasarán a ser de titularidad autonómica. En total, unos 290 millones al año a los que hay que sumar el pago único de 6,6 millones para hacer frente a remodelaciones pendientes.

"Esto demuestra que era verdad que las políticas activas de empleo ya estaban negociadas" aseguró Chaves, quien achacó el retraso de dos años a problemas de "índole político" puestos por la Administración central. Zaplana dio una versión opuesta y responsabilizó al Ejecutivo andaluz de la demora por haber condicionado el traspaso a la resolucíon del conflicto por la liquidación de la deuda presupuestaria. El ministro de Trabajo defendió que el acuerdo era posible gracias a la "voluntad inequívoca" de Arenas, a pesar de que el actual titular de Administraciones Públicas anunció el "traspaso inmediato" de esta competencia en 1997, cuando ocupaba la cartera de Trabajo.

Chaves explicó que en el traspaso no habrá una valoración al alza por los efectos económicos de la nueva renta agraria, como había exigido, pero informó de que había "un acuerdo" para que el decreto que regulará este nuevo sistema de protección pida colaboración a las comunidades en aspectos relacionados con la formación y la inserción profesional. "Ha quedado claro que la renta agraria es competencia del Gobierno, hablaremos cuando haya decreto", comentó Zaplana.

Para el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, la reunión entre el ministro de Trabajo y Chaves sirvió para desbloquear las negociaciones. "Si no llega a ser por la intervención de Zaplana, no se hubiera cerrado este asunto. No nos fiamos de Arenas, a quien le hemos computado diez fechas distintas para el traspaso de las políticas de empleo y ha incumplido todas", dijo. El consejero mantuvo que el traspaso "nunca hubiese estado en manos de la Junta" si el "interlocutor" hubiese seguido siendo el secretario general del PP.

La visión de Arenas fue bien distinta. Tras considerar "muy positivo que Chaves haya aceptado" la última fecha que le propuso y anunciar para abril la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias, el dirigente popular criticó las palabras de Zarrías y, como ha hecho en los últimos días, reiteró que "algún día" contará "en profundidad porqué las políticas activas de empleo no han venido a Andalucía", una explicación que la Junta le ha retado a dar en el Parlamento andaluz.