La Fiscalía sólo tramita el 10% de las denuncias medioambientales

Los fiscales de medio ambiente en Euskadi archivan la mayoría de los casos que se denuncian. Apenas un 10% de las denuncias acaban en escritos de acusación debido a las dificultades para determinar el culpable de vertidos tóxicos o por problemas para determinar la gravedad. En Vizcaya, donde se detectan la mayor parte de los casos, el pasado año llegaron 32 a los dos fiscales especializados en medio ambiente y sólo hubo tres escritos de acusación. El poco trabajo en la Fiscalía, pese a las agresiones ecológicas existentes, se achaca a la falta de una Policía Judicial especializada.

Durante 2002 hubo tres sentencias de los juzgados de lo penal en Vizcaya, correspondientes a agresiones ecológicas ocurridas en ejercicios anteriores. Uno de los fallos decretó la absolución a una empresa de Elorrio por un vertido de aceite a un río. El accidente se produjo a través de una válvula y el juez estimó que se trataba de un caso fortuito. El siniestro originó una lámina de grasa sobre la superficie del río pero no hubo peces muertos.

Las otras dos resoluciones sí fueron condenatorias. El juzgado de lo penal 5 de Bilbao falló contra una empresa de Abadiño, Vasconia Bavaria, y se impuso a un trabajador una pena de tres meses de prisión -que fue sustituida por una multa de 1,20 euros diarios- y una sanción económica de cuatro meses también por 1,20 euros al día. La sentencia, dictada el pasado 11 de abril, incluye una multa a la empresa de 1.574 euros como responsable civil y otros 1.524 debido a los gastos de la limpieza en el río.

Escasa actividad

Los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2000, cuando el trabajador limpió con agua un bidón de pintura, que se filtró hasta un arroyo y el río Ibaizabal. Causó la muerte de más de 250 kilos de peces.

La otra condena, dictada el 11 de marzo pasado, recayó en el gerente de la empresa Galvanotecnia Atxarte, también de Abadiño, por un vertido de cianuro y cromo a un río. Se le impuso una pena de tres messes de prisión y una multa de 4 meses a razón de 6,02 euros diarios. La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia. En este caso, el vertido, ocurrido el 2 de noviembre de 1997, fue causado por una tubería de desagüe de la empresa.

La agresión medioambiental afectó a la calidad del río en un tramo de 150 metros pero no se acreditaron daños a la fauna, por lo que no hubo responsabilidad civil.

Estos fallos por casos medioambientales son los únicos que se han producido en los últimos tres años en Vizcaya y revelan la escasa actividad de la Justicia en esta materia. De hecho los fiscales dedicados a investigar los delitos medioambientales no están en dedicación exclusiva. Los dos existentes en Vizcaya tratan otros temas, al igual que el de Guipúzcoa y en Álava esta labor la desempeña el fiscal jefe.

Euskadi cuenta con cuatro de los 22 fiscales españoles en medio ambiente y, aunque sólo la Comunidad de Valencia tiene más efectivos que la comunidad autónoma vasca, los ecologistas consideran insuficiente el número actual sobre todo "cuando no tienen dedicación exclusiva".

La mayor parte de las denuncias que reciben los fiscales vascos quedan archivadas, "porque casi todos son vertidos a los ríos que no se pueden determinar el culpable y la gravedad tampoco quedan determinada", señala uno de los fiscales. Por eso, en el caso de Vizcaya, sólo se formularon el pasado tres escritos de acusación y 29 casos quedaron sobreseidos. "Además muchos casos se quedan en sanciones administrativas. La Administración es la que más puede actuar con multas que hacen realmente daño a los causantes", añade.

Otro de los aspectos para explicar la escasa tramitación judicial de los casos medioambientales es la falta de pruebas. Los fiscales reclaman una Policía Judicial especializada, un cuerpo que no existe en la Ertzaintza. Por ello, en varias ocasiones los jueces han recurrido al Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) para practicar pruebas periciales en denuncias de atentados ecológicos. Además los trámites de las pruebas son complejos puesto que pasan por la Administración y laboratoios. "Lo ideal sería un órgano administrativo independiente que agilizase los trámites y el papeleo". Una de las opciones es contar con los guardas forestales, que tienen la mayor especialización por su trabajo, pero el problema es que dependen de las diputaciones "que pueden poner un filtro a su actividad".