Malos aires para Agbar

Malos aires para Aguas de Barcelona (Agbar) en Argentina. La indignación de los consumidores contra su participada, Aguas de Argentina, por dos años de interrupciones del suministro en los peores momentos del verano, y el incumplimiento de sus compromisos inversores, presionan a las autoridades para que cancelen su concesión. La compañía, que suspendió pagos, atraviesa una delicada situación y exige al Gobierno mayores tarifas por el suministro y menores impuestos.

Los consumidores dicen que la concesionaria empezó a incumplir sus compromisos de suministro e inversión antes de la devaluación

Aguas Argentinas promete que este año incrementará hasta 145 millones de pesos sus inversiones, pero exige contrapartidas

Sonia de Torres no sabe qué es Agbar (Aguas de Barcelona). Conoce y hasta detesta a Aguas Argentinas, cuyo 25,01% pertenece a la firma catalana. Esta ama de casa, vecina de la localidad de General Pacheco, en los suburbios de Buenos Aires, ha padecido en este verano austral, al igual que en el anterior, la interrupción del servicio cada vez que el calor arreciaba. La oferta no lograba abastecer tanta demanda. Sonia se acostumbró a despertarse a las cinco de la mañana para lavar la ropa y llenar baldes.

El Gobierno argentino, que está revisando desde 2002 las privatizaciones y concesiones de la década pasada, ha recibido numerosas quejas contra Aguas Argentinas, la ferroviaria Metropolitano, el Correo Argentino y Aeropuertos 2000. Aguas Argentinas, controlada y operada por la francesa Suez Lyonnais de Eaux (39,93%), recibió en 1993 y por 30 años la concesión de uno de los mayores servicios de agua del mundo: el que abarca los 38.000 metros cuadrados y los 11 millones de habitantes de Buenos Aires y 17 ayuntamientos lindantes. Hasta 2001 había invertido 1.700 millones de dólares en infraestructura y había ganado 427 millones. Aquel año las vacas gordas comenzaron a adelgazar. La crisis financiera de Argentina cerró las líneas de crédito para financiar las obras exigidas por el contrato de concesión, según reconoció la empresa.

Incumplimiento de contrato

"En 2001 invirtieron la mitad de lo que debían", advierte el defensor del Pueblo, Guillermo Mondino. "Y entonces no estaba la excusa de que el Gobierno había devaluado y congelado las tarifas". Esas dos medidas, muy perjudiciales para las compañías privatizadas, fueron adoptadas por el presidente Duhalde en enero de 2002.

Cuatro meses después suspendió pagos. Su deuda, 706 millones de dólares, se había más que triplicado en términos de pesos. Las pérdidas del primer semestre de 2002, 886 millones de pesos (247 millones de dólares) fueron más de la mitad de lo que había ganado en nueve años. En 2002 invirtió 100 millones de pesos (30,3 millones de dólares), frente a los 180 millones de dólares que desembolsaba en los buenos años.

La justicia autorizó esta semana el aumento del 7% al 9% en los precios del gas y la electricidad. El Ministerio de Economía prevé incrementar en las próximas semanas el servicio de agua, el billete de bus y el peaje de las autopistas. Mientras tanto, una comisión de esa dependencia analiza la reforma global de los contratos: no sólo las tarifas, sino también las exigencias de calidad e inversión.

El defensor del Pueblo y organizaciones de consumidores alegan que las tarifas deben permanecer congeladas hasta que se revisen todos los contratos y se examine en qué medida las privatizadas cumplieron con lo prometido. Mondino ha pedido al Gobierno que defina si Aguas Argentinas "está en condiciones de seguir prestando el servicio". Algunas entidades reclaman que se anule la concesión.

Romina Wust, apoderada de la Unión de Usuarios y Consumidores, aduce que esta compañía ya había comenzado a faltar a sus metas de provisión y expansión del suministro de agua potable y cloacas en el primer quinquenio de la concesión (1993-1998). También acusa a la operadora por la ausencia de obras de saneamiento de ríos y la postergación de otras mejoras. Los usuarios braman también porque las tarifas subieron hasta el 80% en diez años, pero Aguas Argentinas dice que los consumidores pagan, de media, un 25% más.

Aguas Argentinas promete que este año subirá sus inversiones a 145 millones de pesos (45,6 millones de dólares), pero exige condiciones al Estado: un alza de la tarifa del 15%, que podría descender al 10% si el Gobierno bajara el IVA; la devolución de 100 millones de pesos por servicios prestados; que se destinen 45 millones de lo que la empresa paga en impuestos al plan de obras, y una nueva condonación de las multas que se le han impuesto, que ahora superan los 6 millones. El futuro de la concesión quedará en manos del Gobierno que sea votado en los próximos comicios del 27 de abril.