Asturias reconoce a sus ciudadanos el derecho a exigir los servicios sociales

El Parlamento asturiano aprobó ayer una ley que establece que la prestación de los servicios de asistencia social es un derecho subjetivo y exigible por los ciudadanos, en pie de igualdad con la sanidad y la educación, y con carácter universal para quienes los precisen. En un plazo máximo de dos años se establecerá el catálogo de prestaciones que la Administración autonómica estará obligada a suministrar a la población.

El Parlamento asturiano aprobó ayer, con los votos favorables del PSOE -que tiene mayoría absoluta en la cámara-, IU y la Unión Renovadora Asturiana (URAS), y la abstención del PP, un proyecto de ley del Gobierno socialista, que preside Vicente Álvarez Areces, por el cual el Principado reconoce como un derecho de los ciudadanos la prestación por la Administración pública de aquellas atenciones de asistencia social que se consideran básicas pero que tradicionalmente se han entendido como discrecionales en virtud de las disponibilidades presupuestarias.

El catálogo que tipificará las atenciones sociales que se consideran fundamentales y, por tanto, un derecho inalienable del ciudadano, será elaborado en un plazo máximo de dos años. En él figurarán los servicios sociales que serán de obligada prestación por la Administración autonómica. Se compromete una estimación de recursos públicos para satisfacer tales prestaciones de 10,2 millones de euros para el periodo 2004-2007.

No obstante, la ley precisa que las prestaciones sociales que se garanticen serán de obligado cumplimiento, por lo que no podrán estar constreñidas por las disponibilidades presupuestarias. Con esta ley se pretende una mejora de la calidad de vida, impedir la exclusión social de los sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social. La infancia y la juventud, la mujer, las personas mayores, los discapacitados y la población con riesgo de marginación y exclusión serán algunos de los grupos sociales que se beneficiarán con esta disposición.

Según el consejero de Servicios Sociales de Asturias, José García, este proyecto de ley pretende reconocer atenciones sociales consideradas básicas como un derecho adquirido de los ciudadanos, equiparándolas a las asistencia sanitaria y a la enseñanza, cuya prestación y garantía por la Administración constituye una obligación vinculante para ésta y no susceptible de incumplimiento.

García señaló asimismo que esta norma constituye "un punto de inflexión en la legislación española" sobre la materia porque "reconoce como derecho subjetivo del ciudadano lo que hasta ahora es un prestación graciosa y discrecional de las administraciones públicas". Con ello se pretende, dijo, "constituir un verdadero sistema público de servicios sociales que contribuya a la consolidación de derechos sociales en Asturias". A juicio del consejero, con esta norma el Principado persevera en el propósito de hacer posible "una legislación asturiana innovadora y avanzada en materia social".

IU y URAS apoyaron la iniciativa pero censuraron que se haya esperado al tramo final de la legislatura para presentar la ley, que era un compromiso programático del PSOE asturiano y cuyo proyecto fue aprobado por el Gobierno del Principado el pasado 25 de julio. Los grupos de la oposición también reclamaron mayor prontitud en la definición del catálogo de los servicios asistenciales que quedarán garantizados por la ley.