Defensores de la sanidad critican el modelo Alzira

La introducción de modelos privatizadores en la red sanitaria, en los que la Comunidad Valenciana ha servido de "conejillo de indias" del Estado tiene unos efectos "muy negativos" tanto en la atención de los pacientes como para el propio funcionamiento de la estructura asistencial. Así lo entiende la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cuya junta directiva se reunió ayer en Valencia para denunciar en un escrito tanto las maniobras privatizadoras que está impulsando el Gobierno popular valenciano como las que se alientan a nivel estatal.

Carlos Ponte, presidente de la federación, destacó el "punto de inflexión" que supone el hospital de La Ribera -gestionado a través de una concesión administrativa por un grupo empresarial liderado por la aseguradora Adeslas- en las políticas privatizadores de todo el estado. Esta empresa, que en breve correrá a cargo también de la atención primaria de la comarca, supone "la primera vez que un hospital con ánimo de lucro" se hace un hueco en la red sanitaria pública. Y la extensión del control privado de los centros de salud supondrá un modelo "muy negativo" para los pacientes, pues se tratará la salud "como una mercancía". "Es bastante peligroso", comentó Manuel Martín, secretario de la federación, "no sólo económicamente, sino en lo que se refiere a los cuidados de los pacientes". A ello añadieron "el secretismo" con el que actúan las autoridades valencianas en todo lo que rodea al hospital, especialmente en lo relacionado con sus resultados económicos y sus datos de actividad. Denunciaron que apenas existe información y que están tratando de hinchar los resultados para vender el modelo, a modo de una apuesta política de las autoridades sanitarias valencianas, sin que haya datos contrastables de que el resultado de los tres años de funcionamiento arroje un saldo positivo.

Control privado

Álvaro Bonet, vicepresidente de la federación, realizó un repaso de los distintos pasos que ha dado la Generalitat en dirección hacia el control privado: desde la eliminación de la dedicación exclusiva a la sanidad pública al plan de choque con las clínicas privadas "que no ha reducido las listas de espera", pasando por no comprar equipos de resonancia magnética sino convocar conciertos para este tipo de diagnósticos o la "iniciativa única" del hospital de Alzira que se complementará con el futuro centro de Torrevieja, también gestionado por empresas. En suma, "desmantelar los servicios públicos para hacer negocios seguros". Los representantes de la federación coincidieron en destacar los efectos negativos de estas medidas -que, señalaron, tampoco acabarán por beneficiar a empresas nacionales sino a la larga a las grandes multinacionales sanitarias- como el carácter inflacionista de la medicina privada, o la desigual relación con los pacientes que provocan, al forzar una selección hacia aquellos que resultan más rentables.