Un país de contrastes

En los EE UU de América hay un dicho que, en traducción más o menos libre, viene a decir lo siguiente: "A los blancos del Norte no les importa que los negros prosperen, mientras que no se les acerquen y a los del Sur no les importa que los negros se les acerquen, mientras no prosperen". Como todo lo que es producto de la sabiduría popular -y lógicamente salvando los inconvenientes de toda generalización-, este dicho expresa, de forma muy plástica, lo que son la ideología y las convicciones íntimas de los dos grandes núcleos de población blanca anglosajona, económica y socialmente dominante en dicho país; la del Norte, más moderna, más culta y más políticamente correcta, desde el punto de vista de lo que debe ser el progreso en una sociedad plural y democrática, y la del Sur, más clasista y conservadora. Ambas comparten un profundo sentimiento de clase dominante, pero una lo manifiesta exclusivamente en su esfera íntima, de modo que, desde el punto de vista racional, comprende que los negros son seres humanos con derecho a prosperar y a participar plenamente en los procesos sociales y económicos, pero se alarmaría y rebelaría contra la incorporación de uno de ellos a su círculo familiar o vecinal, y la otra, sin embargo, no tiene empacho en practicar el paternalismo y la caridad cristiana con quien considera inferior, incluso tratando a sus subordinados o empleados negros, o a sus familias, con generosidad y simpatía, pero jamás consentiría que estos se emanciparan ni que pretendieran salir del destino mediocre, humilde o miserable en el que la sociedad los ha colocado.

En cierta medida, en España, en algunos ámbitos, practicamos una actitud social muy similar a la de los "blancos del Norte", sobre todo ahora que hemos pasado de una sociedad más primaria, clasista y conservadora, cual era la propia de la época franquista, a una sociedad, sin duda, más igualitaria, más democrática y más plural. De modo que si en la etapa de esplendor del franquismo, años cincuenta y sesenta, desde las instancias del poder social, económico o religioso, se practicaba una tradicional caridad cristiana -en el sentido peyorativo del término- con nuestros pobres y marginados, en la España democrática practicamos un clasismo íntimo, lo que tampoco excluye que, en algunos sectores más minoritarios, no haya manifestaciones evidentes de un clasismo ancestral y primario. Esto nos convierte, sin duda, en una sociedad de contrastes muy fuertes, donde no deja de haber manifestaciones que, no pocas veces, encierran una gran hipocresía social.

Todas estas reflexiones vienen a cuento de noticias que, con cierta frecuencia, aparecen en los medios de comunicación y que tienen que ver, por ejemplo, con el rechazo vecinal o popular a la instalación en su barrio o en su localidad de centros de rehabilitación de toxicómanos, o de centros de reinserción social para antiguos reclusos, o de establecimientos penitenciarios, etcétera. De modo que la gran mayoría, en un discurso racional y progresista, admitimos que los toxicómanos son enfermos que necesitan de atención médica y social, pero, a ser posible, queremos que eso se lleve a cabo fuera de nuestro entorno, sin que tengamos que soportar su desagradable presencia; todos queremos más cárceles para encerrar a los delincuentes, pero no en nuestro pueblo porque tenemos miedo al tipo de población que ello nos puede atraer; todos compartimos que los inmigrantes son personas, con derecho a ganarse la vida y prosperar, pero a ser posible -sobre todo si son del otro lado del Estrecho- que no se acerquen mucho a nuestra casa o barrio; incluso, todos reaccionamos contra actuaciones policiales contundentes o excesivas, pero no nos importa que esa contundencia se lleve a cabo contra los delincuentes que perturban nuestra tranquilidad. A veces, incluso, predomina el ser primario y expresamos, sin recato, en reuniones, manifestaciones o algaradas públicas, nuestros instintos de exclusión social. Este clasismo íntimo, en una sociedad que se ha hartado de decir, siempre, que no es racista, aunque marginaba a los gitanos y no se percataba de que el racismo no es sino una manifestación más del clasismo en las sociedades multiculturales y multirraciales, es francamente perturbador, porque puede provocar que nuestra clase política, consciente de estos sentimientos y atenta a satisfacer sus demandas normalmente con fines de rédito electoral, tome decisiones con trascendencia en las normas legales que, en no pocas ocasiones y, sobre todo, en ámbitos que afectan directamente a sectores desfavorecidos y marginados de nuestra sociedad, están más basadas en actitudes o sentimientos irracionales que en el objetivo de conformar una sociedad moderna, plural y democrática. Curiosamente, además, casi todos los partidos políticos sucumben a esta tentación y, no pocas veces, los propios medios de comunicación estimulan nuestros miedos ancestrales presentando episodios concretos de violencia o desviación social como fenómenos generalizados o generalizables. Por eso, las discusiones en torno a cuestiones trascendentales para la conformación social, como puede ser la reforma de un Código Penal o de una Ley de Enjuiciamiento Criminal, transcurren más por el mundo de la afectividad que por el de la racionalidad, sin que las propuestas de reforma legal, ya sean impulsadas por el Gobierno, ya por la oposición, ya por pactos del Gobierno con la oposición, se adopten con el suficiente respaldo de un aparato científico de análisis o diagnóstico social y sin un mínimo estudio acerca de su previsible eficacia, a la vista de los datos y resultados que cualquier análisis previo de la realidad social debería arrojar. Producto de ello son, en muchos casos, normas imposibles de cumplir o de aplicar, ineficaces, en última instancia, que terminan por desacreditar socialmente al sistema legal, incitando a su incumplimiento, o que acaban por desmotivar a jueces, policías y demás agentes sociales implicados en la lucha contra el crimen, porque son normas que están destinadas a una sociedad que no existe porque el poder legislativo no se ha tomado la molestia de conocer cuál es, realmente, la sociedad destinataria de sus normas.

Bernardo del Rosal Blasco es miembro del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana