De Irak a la Constitución Europea
"La Unión Europea renuncia a la guerra como medio de resolución de conflictos y únicamente ejercerá la fuerza de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional". Así reza la enmienda que los diputados del PSOE en la Convención Europea hemos presentado al tercero de los 16 primeros artículos de una futura Carta Magna de la Unión elaborados por su Presidium, encabezado por Valery Giscard d'Estaing. Porque, por nuestra parte, si algo tenemos todavía más claro que hace un año, cuando la Convención echó a andar, es que a la construcción europea le hace falta como el agua una Constitución digna de tal nombre que le permita actuar con eficacia en un mundo que gira a una velocidad de vértigo, para poder democratizar la globalización (como pide el Foro de Porto Alegre) o impedir la guerra en Irak (como exigen millones de europeas y europeos). Así, imaginemos por un momento que contásemos con esa Constitución, en cuyo texto los objetivos, las competencias, los procedimientos y los medios de la UE estuvieran fijados con nitidez. ¿Qué cambiaría respecto a la parálisis y la división que hoy nos atenazan?
Primero: la Unión contaría con un precepto de naturaleza constitucional por el que guiarse a la hora de actuar como el que refleja nuestra enmienda, muy lejos de la simple literatura. Difícil sería en ese caso tener dudas sobre si se debería apoyar la doctrina del ataque preventivo de la Administración de Bush: la respuesta sería sencillamente no. Pero, por el contrario, sí hubiera sido sencillo decidir -sin pérdidas de tiempo que cuestan vidas humanas- si cabía una intervención europea para impedir el genocidio en Ruanda, por ejemplo.
Segundo: con una auténtica política exterior, de seguridad y de defensa común eficaz, en la que las decisiones se adoptasen por mayoría, la presidencia semestral griega hubiera podido convocar un Consejo Europeo a tiempo -no en medio, sino al principio de la crisis, para no ir a remolque de los acontecimientos e influir verdaderamente en su desarrollo- y en cuantas ocasiones fuese necesario para establecer una posición común que todos los Estados deberían aplicar y respetar en todos los ámbitos (ONU, OTAN) una vez debatida y acordada. Nos hubiéramos ahorrado el espectáculo actual -desde la carta Aznar/Blair hasta las conclusiones de mínimos para salir del paso de la última cumbre- y el correspondiente desgaste para la credibilidad de la Unión en asuntos internacionales, tanto hacia adentro como hacia afuera.
Tercero: si con aquel precepto y con ese procedimiento se contase con una postura europea compartida y activada, una Unión con personalidad jurídica propia y, sobre esa base, con su asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estaría en condiciones de poner encima de la mesa una propuesta de desarme de Irak basada en la presión política, la labor de los inspectores y el despliegue de cascos azules.
Cuarto: si tal plan llegara a aprobarse en el Consejo de Seguridad, la Unión participaría activamente en esa misión de implementación de la paz con un contingente de su Fuerza de Reacción Rápida, bajo bandera de la ONU, tras la aprobación de tal medida por mayoría del Consejo y una vez obtenido el visto bueno del Parlamento Europeo como representante directo, elegido en las urnas, de la ciudadanía.
Quinto: la Unión, además, activaría todos sus medios diplomáticos para promover la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos en Irak, apostando por colaborar con el Estado de derecho que sustituyera a la dictadura de Sadam Husein a través de su política de cooperación al desarrollo.
Es decir, la unidad europea se habría mantenido, el sentimiento profunda y mayoritariamente pacifista de la ciudadanía se habría escuchado y respetado, se habrían parado -o al menos intentado seriamente- los pies a las tendencias más belicistas de Estados Unidos, se habrían conseguido el desarme y la libertad en Irak y, en fin, se habría contribuido a construir un nuevo orden internacional más justo y democrático. De ahí la extraordinaria importancia -que se subraya en la actual coyuntura- de que la Convención sea un éxito y de que en 2004 contemos con una Constitución Europea fuerte, que suponga un avance sustancial respecto a la situación de hoy en día. Para conseguirlo, hace falta voluntad política -los socialistas la tenemos- y movilización ciudadana para impedir que Gobiernos como el del PP nos terminen aguando la fiesta también en ese terreno.
Carlos Carnero es eurodiputado del PSOE y miembro de la Convención Europea
