La poda del árbol de la ciencia

Es un hecho conocido que José Ibáñez Martín eligió como símbolo del recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas "el árbol luliano de nuestra ciencia", que se representaría como un frondoso granado.

En un primer momento el riesgo que se trató de evitar fue que este emblemático árbol hiciese sombra al Ministerio de Educación Nacional. Para que esto no sucediera, su primer secretario general, José María Albareda, puso mucho empeño en supeditar el organismo al ministro y en dejar claro qué lugar ocupaba cada uno. Existe abundante documentación sobre estas dudas iniciales y sobre las soluciones que se ensayaron. Los avatares de la historia, que no hacen ahora al caso, y la tozuda realidad de los hechos acabarían por resituar al CSIC en el lugar que le corresponde: un organismo ejecutor de investigación, de tercer nivel, a la misma altura que las universidades y los (otros) organismos públicos de investigación (OPI).

Los sistemas de I+D clásicos y tutelados por el Estado, como el español, suelen estructurarse en cuatro niveles competenciales: un primer nivel que define las grandes líneas maestras de la política científica y decide, por ejemplo, si hay que invertir más en formación de investigadores, o en renovación de equipamientos, o en priorizar una determinada área científica. Este primer nivel se sitúa en el Gobierno ( y/o en el Parlamento) y se mueve en el terreno de las grandes líneas políticas.

En un segundo nivel se convierten estas grandes líneas en programas presupuestarios, en textos legales y en convocatorias públicas. Este segundo nivel crea, por ejemplo, un Programa de Formación del Personal Investigador, lo dota presupuestariamente y hace públicas las correspondientes convocatorias. Normalmente este segundo nivel lo constituye un ministerio sectorial o una agencia nacional.

En un tercer nivel están las universidades y OPI, que ejecutan investigación programada y financiada en el segundo nivel y definida en el primero. Los ejecutores disponen del personal y las infraestructuras, y tratan de captar los recursos necesarios a partir de las convocatorias de ministerios y agencias. En paralelo a este tercer nivel, o supeditado a él, existe un cuarto nivel de organismos o centros que prestan imprescindibles servicios al sistema de I+D: son los encargados de análisis, informes técnicos, patentes, controles de calidad, elaboración de estadísticas e indicadores y otros servicios especializados.

De acuerdo con este simplificado esquema de reparto de competencias, los ministerios serían órganos de segundo nivel, y como tales suelen actuar: al Ministerio de Defensa no se le ocurre decidir cuántos carros de la División Acorazada Brunete participarán en unas maniobras, porque para eso hay un general al frente de ella, o al Ministerio de Fomento no se le ocurre supervisar la contratación de las cuadrillas de trabajadores de la línea del AVE, porque para eso está la empresa adjudicataria.

Así debería ser también el comportamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT): como órgano de segundo nivel, debería programar y financiar los programas de investigación, hacer las correspondientes convocatorias y ejecutar su presupuesto.

Pero no es éste el caso. Este ministerio, confusa y apresuradamente creado, a partir de un Ministerio de Industria y Energía, cuyas mutilaciones fueron apenas compensadas con implantes extraídos del Ministerio de Educación, lleva más de dos años tratando de encontrar su nicho frente a otros ministerios más consolidados.La inanidad política de sus dos titulares, su (aparente) desconocimiento y desinterés de lo que es la I+D, los tribalismos funcionariales y la escasísima relevancia política de la investigación científica en España, han conducido a que el MCyT ande actuando como "la loca de la casa".

Incapaz de definir su parcela ante sus iguales y de conseguir un mínimo de notoriedad o de prestigio social, el MCyT se ha dedicado a quitarle atribuciones y competencias a sus entes subordinados, los OPI. En el caso del CSIC, que comenzó siendo un potencial rival del ministerio de tutela, lo está intentando convertir, de hecho, en una subdirección general, sin autonomía, sin medios, sin capacidad de interlocución política o social.

El MCyT puentea día a día a la dirección del CSIC, parasita sus iniciativas, le encomienda la resolución de problemas nimios que él mismo ha generado y no le proporciona los medios o los recursos necesarios para su actividad.

Éste es el marco de referencia en el que, en mi opinión, hay que interpretar la dimisión de Rolf Tarrach como presidente del CSIC: ningún científico competente y honesto puede contemplar sin alterarse semejante poda del árbol de la ciencia (where trees are fallen, there is grief, A. E. Housman 1859-1936), ni asistir silenciosamente al desmontaje de las piezas del sistema de I+D, que tantos esfuerzos ha costado crear.

Javier López Facal es investigador del CSIC.