Lectores indignados

Varias decenas de lectores de este periódico se lanzaron, el pasado viernes, a los teléfonos de la Redacción, y también al de esta Defensora, cuando vieron el encarte publicitario que incluía el diario: un cuadernillo del Partido Popular, titulado "Por la paz, por nuestra seguridad", en el que el partido del Gobierno explicaba su conocida postura en relación con la anunciada guerra de Irak, si bien en sus 12 páginas sólo citaba la palabra guerra en tres ocasiones, dos referidas a Felipe González y otra a Sadam Husein.

Todos los lectores sin excepción se mostraron indignados ante lo que consideraron "un panfleto a favor de la guerra contra Irak". Y casi todos se sintieron "traicionados" por "su periódico". Por ejemplo, Antonio Ayuba, de Zaragoza, encontró intolerable "que EL PAÍS, con su difusión, hubiera servido de vehículo para un panfleto que defiende la guerra, algo que va contra su línea ideológica". Y pedía que el periódico también mantuviera "una línea ética y coherente con la publicidad". Otra lectora madrileña, María Luisa Martínez, pedía perdón por expresar que el encarte le había "revuelto las tripas", y afirmaba que no podía entender cómo "el único periódico en el que podemos confiar nos mete en casa una publicidad, no a favor de la guerra, sino en contra de la paz". Por su parte, Salvador Fernández, de Barcelona, confesaba que se planteaba la disyuntiva de seguir leyendo o no EL PAÍS. "Ha sido un día muy triste. Este periódico es para mí un espacio de libertad, uno de los pocos que quedan ante la apisonadora del Gobierno, y ese panfleto es un hecho gravísimo. Quiero saber cuál es su política en casos similares". "No hay derecho a que nos invadan de esta manera. Comprendo que es publicidad y tienen que hacerlo, pero me parece injusto. Me he sentido muy desorientada", confesaba María de la Sierra Marto, de Madrid.

Es sólo una muestra, pero muy representativa de las quejas de nuestros lectores.

El Libro de estilo de este periódico, al referirse al tratamiento de la publicidad, nada dice en relación con la política o ideológica. Lo más aproximado, el artículo 1.40, se refiere sólo a las campañas electorales y establece que "la publicidad política no se podrá emplazar en las páginas dedicadas a esta información". Aunque está claro que la publicidad, lo mismo que el resto de los contenidos del periódico, como define el artículo 1.1 de sus Principios, tiene que guardar el orden democrático y legal establecido en la Constitución. Y en ese marco "acoge todas las tendencias, excepto las que propugnan la violencia para el cumplimiento de sus fines".

Dado que el director del periódico mantiene el derecho de veto sobre todos los originales, incluidos los de publicidad, esta Defensora ha pedido a Jesús Ceberio que aclarara a los lectores la postura del mismo en los casos de publicidad política. "El único compromiso que un periódico asume con sus contenidos publicitarios es que no violen las leyes ni las normas específicas que contiene nuestro Libro de estilo. El director de EL PAÍS tiene derecho de veto sobre todas las páginas del diario, pero en ningún caso puede hacer un uso arbitrario de esa prerrogativa. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de nuestros lectores, incluidos aquellos que se han sentido ofendidos por el folleto -en otros tiempos se llamaba panfleto- del Partido Popular, están en contra de aplicar aduanas ideológicas a la publicación de anuncios. ¿Se imaginan que un diario tuviera que compartir el contenido de los anuncios que los partidos deciden publicar en cada campaña electoral? El periódico se pronuncia en sus editoriales y responde ante sus lectores de un compromiso que figura en su Libro de estilo desde la primera edición: no someter la información ni la opinión a presiones externas de ninguna naturaleza, incluidas las de sus anunciantes. En este caso, EL PAÍS se ha limitado a aplicar al PP las tarifas oficiales que están a disposición de cualquier otro anunciante", dice Ceberio.

Así pues, la cuestión es si admitimos o no publicidad política, y puesto que la admitimos -el pasado jueves la página 27 del periódico era un "No a la guerra", publicidad de las organizaciones convocantes de las manifestaciones de ayer-, parece claro que no podemos censurarla, siempre que respete las reglas del juego.

Esta Defensora se identifica con la sensibilidad de los lectores y comprende su enfado, pero no puede dejar de hacerles una pregunta: ¿reaccionarían igual si se prohibiera a Izquierda Unida, al PSOE, o cualquier otro partido, hacer publicidad en contra de la guerra o de una manifestación?

Sueldos de escándalo

La reciente noticia del aumento de los sueldos de los diputados brasileños (5 de febrero, página 10 de Internacional), titulada "Los diputados brasileños se suben el sueldo hasta 23.000 euros al mes", ha causado entre algunos lectores, si no tanta conmoción como en Brasil, al menos la suficiente para que algunos de ellos hayan pensado que existía un claro error, aún no subsanado por el periódico.

Un lector de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, manifestó inmediatamente a la Defensora su incredulidad ante la noticia, y solicitó, si era pertinente, una rectificación. Otros lectores se han dirigido a la sección Cartas al Director, mostrando también su extrañeza y aportando sus propios datos, que, sólo en parte, coincidían con los publicados por este periódico. Uno de ellos, Francisco Fernández Buey, afirmaba en su carta, publicada el pasado 11 de febrero, que el nuevo sueldo de los diputados brasileños es de unos 12.000 reales (unos 3.500 euros) al mes, y preguntaba de dónde salía la cifra publicada de 23.000 euros mensuales. Añadía que le parecía de justicia una rectificación "en lugar bien visible, tan visible al menos como aquel en que ustedes publicaban la errónea de 23.000 euros".

Dado que no se trata, como algún lector ha sugerido, de un malintencionado torpedo dirigido a la línea de flotación del nuevo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, empeñado en el desafío de sacar de la pobreza a 40 millones de conciudadanos, esta Defensora entra en una detallada, aunque pueda parecer excesiva explicación, conveniente para aclarar la noticia.

El corresponsal en Brasil, Juan Arias, hacía constar en su crónica que el polémico sueldo llegaba "entre pitos y flautas" a la cifra de 70.462 reales mensuales (unos 23.000 euros). Y a continuación especificaba los "pitos y flautas" con detalle: 12.720 reales mensuales de salario (unos 4.000 euros), pero por 17 mensualidades; 13.474 reales (unos 4.500 euros) para viajes; 3.000 reales (1.000 euros) para vivienda en Brasilia (incluso los que viven allí); 4.268 reales (1.400 euros) para gastos de teléfono y oficina; 25.000 reales (8.300 euros) para gastos de gabinete en Brasilia, y 12.000 reales (4.000 euros) para gastos de oficina en su Estado.

Juan Arias se reafirma en todos los datos de su crónica, aunque reconoce que puede haber una diferencia de más-menos unos 3.000 euros, puesto que el mínimo que percibirían al mes los diputados, entre todos estos conceptos, sería de 60.000 reales (unos 20.000 euros), "lo que en Brasil se ha convertido en un auténtico escándalo nacional".

Hay que lamentar que, a la hora de editar la crónica, se hiciera desaparecer de la misma, con la mejor de las intenciones, la explicación detallada de cada partida. El redactor jefe de Internacional, José Manuel Calvo, afirma que la edición no fue muy acertada, "porque al eliminar estos datos, que también ayudaban a entender mejor el titular, la información quedó más confusa". Y añade que el fallo se originó al agregar otro dato que consideraron importante, "que los diputados del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, sin mayoría absoluta en el Parlamento, votaron a favor de la subida salarial".

¿Se puede mezclar el concepto salario mensual con otros ingresos fijos y seguir hablando de sueldo como hizo EL PAÍS? Esta Defensora cree que es un error, que induce a confusión, considerar como sueldo todas las partidas de gastos de representación, por mucho que en este caso así lo hagan en el propio Brasil.

Sin embargo, no es la primera vez que este diario, al hablar de salarios de políticos, suma al salario directo otras partidas indirectas. Por ejemplo, el 11 de junio de 2000, al citar los sueldos de los eurodiputados españoles, publicaba que el salario sería, con la subida prevista, de 1.400.000 pesetas, pero añadía que también percibían otras importantes cantidades mensuales por dietas diversas, asistente, gastos de desplazamiento, y viajes a sus países.

Por tanto, aunque pueda ser discutible añadir los gastos en especie al salario, el caso de los diputados brasileños no es el único, aunque sí parece más desafortunado en su resultado final.

Los lectores pueden escribir a la Defensora del Lector por carta o por correo electrónico (defensora@elpais.es) o telefonearla al número 91 33 78 36.