La Audiencia quita la razón a Hacienda en los expedientes contra cuatro inspectores

La Agencia Tributaria vulneró "el derecho a la presunción de inocencia" de cuatro ex altos cargos de la inspección de Hacienda de la Comunidad Valenciana, a los que abrió expedientes administrativos en 1997 por irregularidades en la tramitación de expedientes, según una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada a finales de enero. Los afectados son Alfredo Pérez Lodares, ex jefe de la inspección regional de Valencia, y sus subordinados José Manuel Ojeda, Juan Carlos Carceller y Joaquín Cavas.

La sentencia de la Audiencia Nacional es la última de una serie de fallos favorables a los cuatro inspectores, que recurrieron las sanciones impuestas en el año 1999, dos años después de la apertura de los expedientes. La Agencia Tributaria se basó en un informe del Servicio de Auditoría Interna (SAI) que detectó la baja anormal de varios expedientes en curso y la interrupción de actuaciones inspectoras. En el caso de Pérez Lodares, se le atribuyó el acceso injustificado a informes de la inspección y se le relacionó con una red de corrupción en la inspección de Madrid.

El expediente no fue comunicado a los afectados hasta 1999, cuando Vicente Rambla, actual consejero de Hacienda de la Generalitat valenciana, era responsable de la delegación de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana y cuando varias infracciones ya habían prescrito.

Los inspectores alegaron que cumplieron a rajatabla la normativa establecida en el Plan Nacional de Inspección de 1996, que requería dar de baja los expedientes en curso sobre sociedades de determinados sectores, una vez se hubieran cubierto ciertos objetivos de recaudación, para agilizar la inspección en otros ámbitos. Puesto que los expedientes interrumpidos nunca se culminaron, nunca se ha podido precisar la cuantía del supuesto perjuicio causado a la Hacienda pública.

Varias sentencias consecutivas han fallado a favor de los sucesivos recursos de los inspectores, pero la Agencia Tributaria ha apelado una y otra vez. Un portavoz oficial evitó ayer comentar esta última sentencia alegando que "todavía no ha tenido entrada" en la Agencia.

Costa ordenó investigar

Juan Costa, entonces secretario de Estado de Hacienda, ordenó en febrero de 1997 la primera investigación sobre el equipo de inspectores de Valencia, a raíz de unas denuncias que vinculaban a un empresario en un caso de tráfico de drogas con una red de funcionarios de Hacienda que dejaba prescribir expedientes fiscales. La investigación fue asumida por el juez Baltasar Garzón en paralelo a las denuncias sobre la supuesta amnistía fiscal de 200.000 millones de pesetas que el propio Costa imputó a sus predecesores socialistas. El juez archivó finalmente la investigación sobre Valencia por falta de pruebas.