Zaplana intenta en Bruselas no perder fondos europeos para los cursos de formación

El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, se reunió ayer con la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulou, para intentar lavar la imagen de España sobre el uso de fondos europeos en cursos de formación para trabajadores tras el escándalo del Forcem, con miles de cursos subvencionados nunca impartidos. Las irregularidades afectan a entre el 5% y el 10% de cursos analizados. Zaplana acordó con Diamantopoulou acelerar la entrega de todos los datos disponibles, e insistió en que lo importante es evitar la mala imagen y no perder fondos europeos.

"Los cursos no impartidos no han recibido fondos todavía", alegó el ministro ante la pregunta de cómo evitar esa pérdida de fondos. España recibió en 2001 44,1 millones de euros para formación. Zaplana reconoció ayer, tras entrevistarse con Diamantopoulou, que está "preocupada por la mala imagen que pueda estar dando España" a raíz del fraude detectado en el Forcem, la fundación tripartita de la Administración, los sindicatos y la patronal que se encarga de gestionar y distribuir los fondos a la formación continua de los trabajadores. Y para ello, el nuevo sistema se sustentará sobre dos principios básicos a la hora de utilizar las ayudas comunitarias: la eficacia y la transparencia.

La comisaria Diamantopoulou se felicitó por las intenciones del Gobierno español en este sentido, aunque advirtió que sus servicios todavía tienen que estudiar el nuevo modelo de gestión de los fondos europeos que Zaplana le presentó ayer destinados a la formación de los trabajadores antes de pronunciarse con más rigor. Diamantopoulou dejó claro, en todo caso, que la Comisión Europea no busca que "España pierda ningún dinero", sino "trabajar y cooperar estrechamente" con las autoridades españolas para determinar cómo se han utilizado unas ayudas que debían tener como único destino la formación y no otros usos.

"El mensaje es de absoluta tranquilidad", dijo el ministro. Pero, como insistió la comisaria, todavía deben aclararse algunas "situaciones anómalas", y pronto, sin dilaciones. Hasta tal punto que desde Bruselas se exige a las autoridades españolas que se aceleren todos los procesos para el intercambio de información relativa al fraude en el Forcem para tener todos los datos en mano ya en junio, y no en septiembre, como suele ser lo habitual.

En este sentido, Zaplana respondió a Diamantopoulou que desde el Gobierno español se va a "colaborar y aportar toda la información posible" para esclarecer lo ocurrido y evitar que se corte el suministro de fondos. "Transparencia total", apostilló el ministro, y señaló en este sentido que, a pesar de las investigaciones que se lancen en la Comisión Europea, "nada hace pensar que se pueda tomar una decisión que sea perjudicial para los intereses de nuestros países".

Sin embargo, Zaplana evitó explicar cómo será posible no recortar los fondos destinados a España cuando las investigaciones administrativas y judiciales están demostrando que miles de cursos no se impartieron. "No ha habido entrega de fondos todavía para esos cursos", dijo el ministro. "El montante total de los fondos destinados a España no tiene que quedar mermado".

Zaplana indicó más adelante que los fondos para la formación son "de gran importancia para España", el país de la Unión Europea con el mayor índice de desempleo y con el nivel más bajo de productividad laboral. Desde el Ministerio de Trabajo se insiste, además, en que, a pesar de lo llamativo del caso de fraude en el Forcem, no se puede trasladar al conjunto del sistema, "que en términos generales está dando buenos resultados".

Los servicios que dirige la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales están estudiando, por un lado, las ayudas concedidas hasta la fecha durante el periodo financiero 2000-2006 y, por otro, las subvenciones ya otorgadas durante el marco financiero 1994-1999. La policía descubrió el año pasado que un importante porcentaje de cursos, entre el 5% y el 10%, no se celebraban en Albacete, lo que, extrapolado a toda España, resulta un total de 10.000 a 15.000 cursos subvencionados con fondos europeos que no se habrían impartido.