El Gobierno rechaza a una inmigrante que denunció a un funcionario corrupto

A una inmigrante que destapó las malas artes de un funcionario de la oficina de extranjería de Valencia, que cobraba por regularizar a extranjeros, no le ha servido de nada denunciar el caso a la justicia. La policía ha rechazado su solicitud de residencia -pese a que la ley contempla concederla a quien colabore con las autoridades judiciales- porque no ha sido "víctima de un acto ilegal de tráfico de mano de obra". El fiscal ha pedido nueve años, cinco por falsedad documental y cuatro por cohecho, al funcionario acusado y otros nueve a la mujer que actuaba de gancho.

El escrito de calificaciones del fiscal -en el que narra su versión de los hechos y establece los delitos y las penas que propone para los acusados- recoge que la mujer a la que se ha negado regularizar su situación fue una víctima más de Amadeo Salanova, un auxiliar administrativo que le cobró por realizar un trámite, el expediente de regularización, que no cuesta dinero. Para él, según ha podido saber este diario, la fiscalía pide los mismos nueve años que para Concha Calatayud, trabajadora de una gestoría a quien la acusación pública considera colaboradora del trabajador de la Oficina de Extranjeros de Valencia y la persona que ponía al funcionario en contacto con las decenas de inmigrantes afectados para que resolviera su situación por cantidades que oscilaban entre los 30 y los 300 euros.

Aconsejada por la Delegación del Gobierno, como relata su abogado, Ignacio Amat, esta mujer denunció los hechos a la policía con la promesa en el bolsillo de que le serviría para poder quedarse en España de forma legal. Pero no ha sido así. En su petición, se remitió al artículo 31.4 d) del reglamento de extranjería, que señala que se concederá la residencia a quienes "colaboren con las autoridades administrativas y judiciales españolas". Sin embargo, la dirección general de la Policía -a quien corresponde conceder permisos por causas excepcionales- ha respondido que del análisis del expediente de la mujer extranjera que ha solicitado regularizar su situación "no se desprende que haya sido víctima, perjudicada o testigo de un acto de tráfico de mano de obra cometido por bandas organizadas". Y Añade: "Se trata de un presunto delito de estafa, resultando la solicitante una de las personas perjudicadas".

Consideración

Tampoco considera que se pueda aplicar el artículo 94.1 del reglamento referido a la "consideración" hacia los inmigrantes por su "colaboración con las autoridades o sus agentes, proporcionando datos esenciales o declarando en los procesos correspondientes, como víctima, perjudicado o testigo, o denunciando a las autoridades competentes a los autores y cooperadores de los tráficos ilícitos de seres humanos".

"Es absolutamente vergonzoso", se lamentaba ayer el abogado de esta mujer. "Primero la convencen [desde la Delegación del Gobierno] de que declare contra el funcionario, ella se arriesga y ahora la dejan en la cuneta"."Ni siquiera coincide la valoración de la Policía [que habla de estafa] con la del fiscal, que apunta a un cohecho y falsificación de documentos", comentó Amat respecto a los argumentos ofrecidos para negar el permiso de residencia. "¿Quién decide cuándo un funcionario y su cómplice son una banda organizada y cuándo no? No hay nada a este respecto en el Código Penal", destacaba el letrado.

Amat, que lleva también la denuncia contra el funcionario de otros nueve afectados, entre ciudadanos argentinos, colombianos y rumanos, señaló que recurrirá la resolución del Ministerio del Interior. Del resto de sus clientes, siete cumplían los requisitos de la última regularización, por lo que no han tenido que acudir a solicitar el permiso por la vía de los tres restantes. De éstos, sólo ha habido una respuesta a sus solicitudes, negativa a expensas del recurso.

El funcionario sigue trabajando en la delegación del Gobierno aunque ha sido relevado de su puesto en la oficina de extranjeros.