La privatización de la enseñanza

La política neoliberal que el Gobierno del PP está desarrollando en los distintos ámbitos sociales y económicos se concreta en el terreno educativo en tres leyes, la LOU y la Ley de FP, ya aprobadas, y la mal llamada Ley de Calidad. El objetivo último de estas leyes aspira a poner la enseñanza y el dinero público destinado a la misma en los Presupuestos Generales del Estado y en los de cada comunidad autónoma al servicio de las empresas de enseñanza, empresas entre las que destaca la Iglesia católica, dentro de una política general de privatización de los servicios públicos, política que pasa por descalificarlos y deteriorarlos, primero, y privatizarlos, después. La enseñanza secundaria es la etapa educativa en la que se producen los mayores problemas y es, por tanto, la etapa que es más fácil desprestigiar para privatizar. Vamos a demostrarlo.

La educación pública es la única que puede garantizar que la calidad sea para todos

Cuando se habla de itinerarios, el proyecto de ley dice que "los centros sostenidos con fondos públicos deberán ofrecer todos los itinerarios", y a renglón seguido afirma que este principio general se podrá adecuar a las "necesidades generales y de demanda", y por si esto no fuera suficiente, se contempla la creación de "centros con especialización curricular". Esto quiere decir que los centros educativos podrán impartir los itinerarios que quieran; pero, claro, habrá que ofertar todos los itinerarios posibles en función del alumnado existente en cada localidad. Ante esto nos podemos preguntar: ¿quién se especializará en los itinerarios que conducen al bachillerato? ¿Quién ofertará el itinerario peor? ¿Quién ofertará los programas de iniciación profesional? Y la respuesta es que la enseñanza privada, en virtud de la "libertad de enseñanza" y en la posibilidad que esta ley le dará de creación de "centros con especialización curricular", ofertará los itinerarios que quiera y la enseñanza pública deberá ofertar todos los itinerarios y, lógicamente, los programas de iniciación profesional, programas que de hecho se convierten en un cuarto itinerario al que destacados pedagogos no han dudado en calificar como el "basurero del sistema".

Por otro lado, los centros educativos privados podrán también tener un "ideario propio", ideario que habrá de ser aceptado para matricularse en el mismo si se elige dicho centro. Ideario propio con dinero público, muy democrático no parece.

Las tres medidas que acabamos de señalar, la posibilidad de no ofertar todos los itinerarios, la de ser centro de especialización curricular y la de tener que aceptar el ideario para matricularse, permitirá a la enseñanza privada seleccionar a su alumnado, consiguiendo trasvasar al alumnado bueno de la enseñanza pública a la enseñanza privada concertada, e impedir que el malo permanezca o llegue a la enseñanza privada. Las familias preocupadas por la educación de sus hijos no los llevarán a los centros donde se acumule el alumnado problemático y así se iniciará y consumará el despoblamiento de nuestros institutos; después, por eso de la continuidad en los estudios, seguirán llevándose a los centros privados al alumnado de la primaria y de infantil, que ya será gratis.

En definitiva, para los Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STE), la segregación del alumnado en itinerarios que está siendo presentada por la Administración y por algunos defensores de esta ley como la panacea a los problemas existentes no los solucionará, sino que traerá más problemas y conflictos a los centros públicos y dificultará, cuando no impedirá, el trabajo del profesorado en los centros que, sin duda, se convertirán en guetos, esto después de los correspondientes recortes de plantillas, por el trasvase de alumnado a los centros privados.

La etapa de la escolaridad obligatoria debe ser una etapa de convivencia entre los niños y niñas y los jóvenes de distinta procedencia y distinta extracción social, de convivencia entre personas de distintas creencias y razas. La segregación en itinerarios, la especialización curricular, los idearios, no contribuyen a la convivencia democrática en los centros escolares, base de la necesaria convivencia democrática en la sociedad. Lograr esta convivencia y lograr una enseñanza común para todo el alumnado exige más medios humanos y materiales y eso cuesta dinero, y es el Estado quien debe facilitarlo.

El profesorado y el resto de la ciudadanía que defendemos la enseñanza pública como enseñanza democrática, igualitaria y de calidad para todos y todas no vamos a permanecer al margen de la tramitación de esta ley, vamos a movilizarnos, pues estamos convencidos de que es necesario impedir que se llegue a lo que parece que quiere llevarnos el Gobierno: a que la enseñanza pública sea subsidiaria de la enseñanza privada. Sabemos, y la historia nos lo enseña, que calidad para unos pocos es privilegio, y sabemos también que la enseñanza pública es la única que puede garantizar que la calidad sea para todos y todas.

Augusto Serrano Olmedo es miembro del Consejo Escolar del Estado en representación de la Confederación de STE.