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El nuevo delito económico, en entredicho

La reforma del Código Penal eleva el límite del fraude un 30% más de lo permitido en la UE

Madrid / Bruselas.
La reforma del Código Penal sobre los délitos económicos que prepara el Gobierno va a entrar en conflicto con la legislación comunitaria sobre esta misma materia. España y el resto de los Estados suscribieron en 1995 un convenio que establece un límite para que un fraude contra Hacienda sea considerado delito. Pero la reforma legislativa que prepara el Ejecutivo eleva ese límite por encima del convenio comunitario. El Ministerio de Justicia dice que hay margen para armonizar ambas legislaciones. El nuevo Código Penal persigue reducir y simplificar los litigios que mantienen los contribuyentes con la Administración, aunque ha sido criticado porque puede ser una vía de escape para el fraude.

El anteproyecto de reforma del Código Penal aprobado por el Gobierno hace dos semanas viola los acuerdos firmados con la Unión Europea para proteger la Hacienda comunitaria. El anteproyecto eleva de 50.000 euros a 65.000 (un 30%) el límite a partir del cual un fraude a las arcas comunitarias puede ser considerado delito y no simple falta. Pero el Convenio para la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas, firmado por España en 1995, fija ese límite en 50.000 euros, cifra que no se puede modificar al alza. El Ministerio de Justicia asegura que la reforma todavía "se está ajustando".

La propuesta de reforma aprobada por el Consejo de Ministros y pendiente de tramitación parlamentaria establece, en sus artículos 306 y 309 que se considerará delito cualquier fraude a los presupuestos generales "de la Comunidad Europea" en "cuantía superior a 65.000 euros" [50.000 en el Código Penal vigente].

La modificación podría afectar a casos como el de los 'cazaprimas' del cultivo del lino

Justicia dice que la elevación del delito fiscal es una propuesta que "hay que ajustar"

El problema surge cuando se compara ese artículo con el Convenio para la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas, suscrito por España y el resto de países en 1995, que obliga a los Estados miembros de la UE a proteger penalmente la Hacienda comunitaria. En su artículo dos, ese Convenio establece que cada Estado miembro debe tomar las medidas necesarias para evitar el fraude a las arcas comunitarias, con "sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias", incluida la privación de libertad en caso de fraude grave. El fraude grave, aclara el mismo artículo, se considerará como tal a partir de 50.000 euros. "Este montante mínimo no puede ser fijado en más de 50.000 euros".

Consultado el Ministerio de Justicia, un portavoz del departamento que dirige José María Michavila aseguró que la elevación de los límites del delito fiscal es "una propuesta de la Comisión de Penas" que todavía "hay que ajustar". Fuentes de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF) en Bruselas, destacaron que el límite de 50.000 euros fijado en la Convención sobre la tutela de los intereses financieros de la UE no se puede modificar al alza. Recordaron, además, que en base a la legislación, los Estados miembros tienen margen de maniobra para actuar con más virulencia contra el fraude, pero no para ser más permisivos.

El portavoz de la OLAF, Alessandro Bucceti, explicó a este diario que la ley que tiene intención de adoptar el Gobierno español "estaría claramente en contradicción con lo previsto en la Convención". Bucceti advierte, en cualquier caso, que no ha tenido "comunicación oficial alguna" respecto a la reforma y no descarta que se pongan en contacto con las autoridades españolas para conocer mejor los detalles.

Los expertos, tanto de la Comisión Europea como de la OLAF, advierten también de que con la reforma que se plantea en España del Código Penal se está dando "un trato más suave" al fraude que afecta a los recursos de la UE porque "se deberá cometer un fraude mucho mayor para ser sancionado penalmente". "La preocupación de la OLAF tiene lógica porque el fraude debe ser perseguido igual por todos los Estados miembros", señalaron otras fuentes de la Comisión Europea.

Existe un precedente con Italia muy similar al caso español, en 1997. Entonces era la Comisión Europea la que se encargaba de la persecución del fraude al presupuesto de la Unión, no la OLAF. El Gobierno italiano estaba "despenalizando" algunas formas de "contrabando" y Bruselas decidió intervenir al respecto "poniendo la atención sobre este hecho".

Tras a la intervención del Ejecutivo comunitario, Roma no tuvo más remedio que "enmendar" la reforma en curso. "Fue una distracción", indicaron en la Comisión Europea. El OLAF no excluye que en el caso español, el Ministerio de Justicia "tampoco se haya dado cuenta" de que cualquier reforma en este sentido debe respetar los términos recogidos en la Convención.

La elevación de la cuantía a partir de la cual se considera que un fraude a las arcas comunitarias es delito podría afectar a casos de supuesto fraude que todavía investigan los jueces en España, como es el caso de los cazaprimas del cultivo del lino.

En general, la reforma del Código Penal recogida en el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia eleva entre un 30% y un 33% las multas, sanciones y límites para que un fraude a Hacienda sea considerado delito. De aprobarse la actualización de las cantidades propuesta, según los expertos consultados, prescribirán todos los expedientes de delito fiscal abiertos por Hacienda a contribuyentes acusados por defraudar menos de 120.000 euros, ya que la reforma sube de 90.000 euros a 120.000 el límite que marca la comisión de un delito.

El nuevo Código Penal no modifica la prescripción, es decir, el tiempo a partir del cual la comisión de un delito deja de ser perseguible. Para el delito fiscal, la prescripción se mantiene en cinco años. La Administración, en la vía administrativa, puede perseguir la comisión de un supuesto fraude durante cuatro años. El aumento del límite para determinar cuándo se ha cometido un delito sigue la línea marcada en el proyecto de Ley General Tributaria, que entrará en vigor en 2004 y que tiene como uno de sus principales objetivos reducir los pleitos fiscales ante los tribunales de justicia.

Al elevar el límite para cometer el delito, habrá menos casos que resolver en los juzgados penales. Los litigios con la Administración, sólo en los tributos que gestiona el Estado, se cifran en 200.000 anuales, lo que ha llevado al práctico colapso de algunos tribunales económico-administrativos. En la vía administrativa, el otro carril por el que Hacienda persigue el fraude, la litigiosidad también disminuirá, ya que la nueva norma propicia el acuerdo entre el contribuyente y Hacienda en caso de discrepancia y rebaja las sanciones si ambas partes se ponen de acuerdo hasta un 50% (60% con pago voluntario en plazo).

El PSOE ha criticado duramente el anteproyecto del Gobierno. Su portavoz de Libertades Públicas, Juan Fernando López Aguilar, ha señalado que la reforma del Código Penal encubre "la benevolencia de este Gobierno con los grades delincuentes económicos, mientras hace propaganda de su mano dura contra la pequeña delincuencia"

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de febrero de 2003