El Gobierno desiste de cambiar el periodo de cálculo para las pensiones en esta legislatura

El Gobierno "no abordará este año, ni en esta legislatura", la modificación del periodo de cálculo de las futuras pensiones. Con esa tajante afirmación, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, pretende zanjar la polémica desatada en las últimas semanas, en la que se ha producido un cruce de críticas con la oposición y el sindicato UGT. El Consejo de Ministros sí dio ayer luz verde al anteproyecto de ley que impedirá a las comunidades autónomas complementar o modificar las pensiones no contributivas. Su campo de actuación se limitará a "ayudas de asistencia social".

Eduardo Zaplana aseguró ayer, nada más terminar la reunión del Consejo de Ministros, que la modificación del plazo de cálculo de las pensiones futuras es un tema "olvidado" y "cerrado". El titular de Trabajo fue ayer más claro en sus afirmaciones que en días pasados y quiso cerrar un contencioso cuya responsabilidad atribuye veladamente al PSOE y a UGT. "Alguien ha querido poner encima de la mesa este debate para abrir una polémica", dijo.

Asimismo, hizo una interpretación del acuerdo firmado en 2001 con CC OO y la patronal CEOE que permite a las partes no abordar ese asunto y desistir de esa reforma por ahora: "En el pacto se establece la posibilidad de hablar de esta cuestión [un nuevo periodo de cálculo] en el 2003". El Ejecutivo considera que no hay urgencia, y sólo "si los agentes sociales quieren en algún momento abrir ese debate nosotros lo haremos encantados. Por parte del Gobierno está cerrado". Y eso se extiende a "este año" y a "esta legislatura".

Zaplana había presentado previamente al Consejo un informe sobre el anteproyecto de ley que recoge diversas medidas de gestión para la Seguridad Social y otras normas para "garantizar la unidad, solidaridad e igualdad" de las pensiones del sistema de Seguridad Social en todo el territorio nacional.

En ella se establece expresamente que "cualquier prestación que complete, aumente o modifique las pensiones contributivas y no contributivas forma parte del sistema de Seguridad Social", que es competencia exclusiva del Estado y forma una caja única.

Esa medida impedirá que las comunidades aprueben subidas para esas prestaciones, aunque, según Zaplana, "desde el punto de vista de la asistencia social, las comunidades podrán tomar las determinaciones que estimen oportunas".

José Antonio Griñán, portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo, calificó de "inútil" e "innecesario" ese anteproyecto de ley. En su criterio, podrá impedir casos como el de Cataluña o Navarra, donde se producen "mejoras directas" sobre la pensión de viudedad, que es contributiva, pero no afectará a casos como el de Andalucía, que en 1999 aprobó una ayuda complementaria a las pensiones no contributivas, un caso que considera zanjado por el Tribunal Constitucional.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, cree que puede ser "ilegal e inconstitucional" esa ley una vez que el Constitucional ha reconocido el derecho de las comunidades a aplicar esas mejoras.

Recargo en cuotas

Ese anteproyecto de ley recoge otras medidas, como un recargo en un porcentaje variable y progresivo por el retraso en el ingreso de cotizaciones a la Seguridad Social, e implanta un sistema que beneficia a quienes paguen las cuotas con mayor celeridad.

También se refuerza la confidencialidad de los datos de carácter personal de que disponga la Seguridad Social, se clarifica el régimen de prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes encomendada a las mutuas, se pretende combatir con más eficacia el fraude en la sucesión de empresas y en los grupos de empresas, se reordenan las prestaciones familiares por hijo a cargo y se extienden a los supuestos de adopción, y se regula el alcance de la responsabilidad patrimonial.