El tribunal de La Haya ordena a EE UU aplazar tres ejecuciones

El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, máximo órgano judicial de Naciones Unidas, ordenó ayer a EE UU que suspenda temporalmente la ejecución de tres presos mexicanos que están a punto de ser ajusticiados, mientras investiga si les fue permitido el acceso a sus respectivos cónsules. Los casos de otros 48 reos están siendo también estudiados por el tribunal a la luz de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

Este trámite es obligatorio para juzgar a un extranjero por delitos cometidos en otro país. Fechada en 1963 y firmada por ambos Gobiernos, la Convención de Viena facilita la ayuda legal consular a los detenidos. México, que presentó la demanda contra Estados Unidos en enero pasado, asegura que ninguno de los procesados pudo ponerse en contacto con sus respectivas sedes diplomáticas al ser arrestados.

La decisión tomada ayer es de carácter preliminar y atañe a tres condenados a muerte que han agotado la vía de la apelación y se enfrentan a una pronta ejecución. Varios de los reclusos que han elevado su caso ante el Tribunal de La Haya aseguran además que testificaron en su día bajo presión.

Los abogados estadounidenses rechazan estas alegaciones y han calificado la demanda de juego publicitario. En su opinión, fallar a favor de México equivaldría a prohibir la pena capital para dichos súbditos cuando hayan cometido un delito fuera de su tierra. Los mismos letrados consideran que la orden de paralizar una ejecución, aunque haya emanado del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, vulnera la soberanía de su país en materia judicial.

Decisión, en breve

A pesar de ser el principal órgano judicial para resolver los contenciosos entre los miembros de la ONU, el Tribunal carece de potestad para forzar el cumplimiento de sus sentencias.

En unas declaraciones efectuadas a la radiotelevisión británica BBC, Clifford Sobel, embajador de Estados Unidos en Holanda, dijo ayer que su Gobierno se pronunciaría en breve sobre la decisión de los jueces. También subrayó que es muy pronto para saber si Washington acatará la orden de paralizar las tres ejecuciones.

Según datos del centro estadounidense de información sobre la pena de muerte, 782 personas han sido ejecutadas desde que la misma fuera reinstaurada en 1976. Dos tercios de las condenas a muerte son anuladas durante las apelaciones, ya sea por incompetencia de la defensa, órdenes erróneas dadas a los jurados o retención de pruebas.

Uno de los fallos más recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional ajusticiar a los criminales que sean retrasados mentales.

México, que no tiene pena capital, ha repetido en La Haya que no pretende sentar en el banquillo al sistema penal estadounidense.