El Gobierno de CiU lleva a los tribunales a Jiménez de Parga por negar las nacionalidades históricas

Los Gobiernos catalán y vasco hicieron ayer efectiva su anunciada recusación del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Jiménez de Parga, por sus polémicas declaraciones en las que negó la existencia de las comunidades históricas y se mostró partidario de modificar la Constitución en este punto. Pero mientras Ajuria Enea limita la recusación de Jiménez de Parga a la decisión del alto tribunal sobre la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna, la Generalitat de Cataluña va más allá y reclama la abstención del presidente en los 48 conflictos de competencias pendientes de sentencia y además presentará una demanda civil contra él. El Gobierno catalán juzga "ofensivas" e "impropias de su cargo" las controvertidas afirmaciones del presidente del TC.

"Si tenemos que actuar de esta manera es para que no parezca que las declaraciones [de Jiménez de Parga] son un patinazo sin importancia", afirmó ayer el conseller en cap, Artur Mas, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno. Convergència i Unió ha hecho un gran despliegue político en la recusación de Jiménez de Parga. Los nacionalistas catalanes han llevado sus propuestas de dimisión del presidente del Tribunal Constitucional tanto al Gongreso de los Diputados como al Parlamento de Cataluña.

Y ayer, el Ejecutivo de Jordi Pujol aprobó tres medidas. La primera, pedir a los miembros del alto tribunal que tomen la iniciativa y reclamen el cese de Jiménez de Parga en el caso de que éste no dimita por su propia voluntad. Segunda, presentar una demanda por la vía civil contra el presidente pues, en opinión del Gobierno, las afirmaciones "pueden comportar una infracción de las obligaciones inherentes en el ejercicio de su cargo". Y tercera, recusar al presidente en cada uno de los recursos que la Generalitat interponga ante el tribunal y en todos los pendientes de sentencia, que suman un total de 48. Según el Ejecutivo, "hay que tener en cuenta que en todos estos casos es objeto de controversia el patrimonio competencial de la Generalitat de Cataluña y, en consecuencia, el ámbito de sus potestades de Gobierno".

Ley de medidas fiscales

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos podría ser la primera norma en la que la Generalitat recusara a Jiménez de Parga. El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) solicitó ayer al Consejo Consultivo un informe de constitucionalidad de esta ley que, a su entender, puede invadir competencias autonómicas en materia de costas, comunicaciones y aeropuertos.

Artur Mas precisó que la Generalitat de Cataluña continúa confiando en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por tanto, el Gobierno catalán seguirá utilizando esta vía. "Pero una cosa es el tribunal y sus miembros y otra muy distinta su presidente", agregó. "Nuestro objetivo es que se restablezca el estado normal de las cosas y nuestra confianza en el sistema", manifestó el conseller en cap.

La Mesa del Parlamento vasco también aprobó ayer la propuesta de suspensión y cese del presidente del Tribunal Constitucional que firmaron los tres socios del Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida. A su vez, el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe materializó ayer por la mañana su segundo escrito de recusación contra el presidente del Tribunal Constitucional en el recurso contra la Ley de Partidos. El Gobierno autónomo estima que Jiménez de Parga tiene ya un criterio formado y expresado públicamente sobre la ilegalización de Batasuna y que además tiene animadversión hacia el propio Gobierno vasco, por lo que su juicio sobre el recurso no sería imparcial. El portavoz, Josu Jom Imaz, exigió ayer que esta petición de recusación se analice antes del recurso, que el TC tiene previsto ver el día 11.

A la recusación contra Jiménez de Parga de los Gobiernos catalán y vasco se sumará la que aprobará el próximo día 13 el Parlamento catalán cuando dé luz verde al recurso contra la ley estatal de testamento vital.