Cajasur recurre la declaración de ilegalidad de la póliza de Castillejo

Cajasur anunció ayer la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Consejería de Economía andaluza que ha declarado ilegal la póliza de 2,9 millones de euros del presidente de la entidad cordobesa, el sacerdote Miguel Castillejo. El director general adjunto a la presidencia de Cajasur, Diego Jordano, arremetió ayer contra la resolución y negó validez a todo el proceso, ya que, en su opinión, la entidad está bajo tutela del Ministerio de Economía tras acogerse a la Ley Financiera. La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, instó a la caja a restituir la legalidad en un plazo de 20 días. En caso contrario, la Junta abrirá a Cajasur un expediente sancionador.

Álvarez firmó el pasado lunes la resolución que pone fin al expediente informativo que abrió la consejería al conocerse la existencia de la póliza. Los servicios jurídicos de la Junta dictaminaron que esta renta supone en la práctica una indemnización, una figura prohibida por la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía, aprobada en 1999.

Cajasur presentó alegaciones contra el dictamen de los servicios jurídicos autonómicos en las que aseguraba que esta renta es un "complemento de pensión" a la pensión de jubilación de Castillejo y pidió que se archivaran las actuaciones, petición que fue desoída por la Administración andaluza.

"Restituir la legalidad"

La resolución firmada el lunes por Álvarez resuelve definitivamente que la póliza "contraviene" la normativa autonómica sobre retribuciones e indemnizaciones de los presidentes ejecutivos y da a la entidad cordobesa un plazo de 20 días para "restituir la legalidad", esto es, la anulación de la póliza.

Cajasur suscribió esta póliza, el 21 de septiembre de 2001, con la aseguradora Caser y supuso a la caja un desembolso de 2,9 millones de euros. El seguro garantiza a Castillejo una renta vitalicia de al menos 213.000 euros anuales cuando abandone la caja. La mitad de esta renta la heredarán sus cuatro hermanas, sucesivamente y de mayor a menor, hasta el fallecimiento de la última.

La entidad cordobesa recibió a última hora de la mañana de ayer la resolución de la consejera de Economía y, a las pocas horas, anunció la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Jordano, que también es jefe de los servicios jurídicos de la caja, censuró ayer la resolución de Economía, que, en su opinión, contiene numerosos "errores". "Se está pidiendo que se declare nulo un contrato civil", aseguró Jordano.

Además, la caja cordobesa mantiene la tesis que, tras acogerse a la Ley Financiera auspiciada por el Gobierno del PP, la Administración autonómica, presidida por el socialista Manuel Chaves, carece de competencias sobre la entidad y que, por tanto, todo el proceso de la póliza es nulo.