CiU sugiere que quiere reactivar el 'caso Movilma' en los tribunales

El portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Parlament, Ramon Camp, aseguró ayer que su grupo está estudiando las posibles "responsabilidades penales" derivadas del caso Movilma y apuntó directamente al líder de la oposición socialista: "Al caso Movilma podríamos llamarle caso Maragall", aseguró el dirigente nacionalista.

La Sindicatura de Cuentas, el órgano fiscalizador de las administraciones públicas catalanas, ha entregado esta semana el informe sobre el caso Movilma, aprobado en diciembre (véase EL PAÍS del 21 de diciembre de 2002). El estudio de la sindicatura ratifica las "irregularidades" en los contratos municipales con este grupo empresarial que suspendió pagos en 1995, las cuales ya puso de manifiesto el proceso judicial, archivado definitivamente en el año 2000. La fiscalía y Hacienda se refirieron en su día a varias anomalías, pero descartaron cualquier irregularidad penal.

El pasado diciembre, al saber que la sindicatura ya había redactado el informe, CiU y el Partido Popular (PP) resucitaron políticamente el caso, que afecta al Ayuntamiento de Barcelona en el periodo en que Maragall era alcalde. Ambos partidos emplazaron al hoy candidato socialista a la presidencia de la Generalitat a "dar explicaciones" y "asumir responsabilidades" personalmente.

Ayer CiU fue más allá e insinuó que Convergència se propone reabrir incluso la vía judicial. "Estudiaremos hasta qué punto puede haber responsabilidades penales", dijo Camp, quien añadió: "[Las irregularidades] no debieron de cometerse porque sí, debían de beneficiar a alguien o a alguna organización".

La portavoz del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, también arremetió contra Maragall, pero sin insinuar que del informe puedan derivarse responsabilidades penales. Sánchez Camacho aseguró que el informe de la sindicatura "merma la credibilidad" del político socialista, informa Efe. "No es creíble que Maragall se otorgue transparencia cuando dice que realizará una auditoría a las cuentas de la Generalitat y que no responda de su propia gestión", aseguró.

Libre concurrencia

El informe entregado a la Cámara, que será analizado próximamente en la comisión parlamentaria de la sindicatura, pone de manifiesto varias "irregularidades" y anomalías en las contrataciones que Movilma obtuvo del Ayuntamiento de Barcelona entre 1986 y 1995, que en total le reportaron unos 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros).

Entre las anomalías observadas por la sindicatura se encuentra la falta de respeto a la libre concurrencia y a la publicidad de los concursos en beneficio de Movilma. El trabajo señala también que esta empresa inició muchas de sus obras antes de obtener la adjudicación y algunos de los trabajos realizados no se corresponden con las facturas presentadas.