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Anticorrupción archiva el caso de las emisiones en paraísos fiscales aunque las cree irregulares

Cajasur, San Fernando y El Monte captaron 399,9 millones a través de filiales en islas Caimán

La Fiscalía Anticorrupción propuso ayer al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, el archivo de la investigación abierta a finales de 2001 para conocer el alcance de las participaciones preferentes emitidas entre 1997 y 2003 por las filiales de tres entidades financieras (Cajasur, El Monte y Caja San Fernando), situadas en el paraíso fiscal de las islas Caimán por valor de 399,9 millones de euros. Pero la fiscalía da un varapalo al señalar que esas operaciones requieren un correctivo legislativo, ya que son una práctica "irregular y lesiva para el Tesoro Público".

Si bien la investigación se centró en las emisiones de las tres cajas de ahorros, la información requerida por la fiscalía al Banco de España permitió conocer el alcance del producto llamado "participaciones preferentes", una emisión que bancos y cajas realizan a través de filiales en paraísos fiscales para captar ahorro en el mercado español. Las tres cajas representan aproximadamente la cuarta parte del total de dicho mercado.

Pero las tres cajas citadas (Cajasur, El Monte y San Fernando) son sólo la punta del iceberg. Hay que añadir La Caixa, Caja de Ahorros de Cataluña, Cajamadrid, CajaEspaña, Caja de Ahorros de Murcia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja de Ahorros de Tarrasa, Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha y Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. Entre los bancos, el SCH, BBVA, Sabadell, Popular y Bankinter.

Las emisiones investigadas fueron realizadas por tres filiales en islas Caimán: Cajasur EuroCapital Finance Ltd., El Monte International Capital Ltd. y Caja San Fernando Preference Ltd. La fiscalía intentó saber si las citadas filiales tenían otra actividad aparte de servir como instrumento para realizar las emisiones y estudió hasta qué punto la confidencialidad que caracteriza los productos pudiera encubrir patrimonios obtenidos al margen del control del fisco por residentes en territorios offshore.

Autorizaciones

Los fondos aportados por los inversores quedan a disposición de las cajas de ahorros garantes del pago, mediante un depósito en la misma que cada caja remunera para que el emisor cumpla con las obligaciones contraídas con los suscriptores. A su vez, las casas matrices computan como intereses minoritarios del grupo consolidado, previa autorización del Banco de España, los títulos suscritos en la emisión de participaciones preferentes.

"La información remitida por el Banco de España", dice el informe enviado ayer por Anticorrupción a la Fiscalía General del Estado, "permite constatar que la práctica está muy extendida". Añade que el Banco de España "conoce de dichas emisiones por razón de que las entidades solicitan autorización para computarlas como recursos propios". También la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha registrado las emisiones.

En su escrito al fiscal general del Estado, Anticorrupción se pregunta si es lícito entender que las entidades radicadas en las islas Caimán son no residentes a los efectos del pago de impuesto de sociedades. Dado que estas filiales están dirigidas desde España, sostiene el escrito, "debería ser considerada residente en España (...), por lo que debería tributar en el impuesto español por el ingreso derivado del depósito subordinado retribuido por la sociedad matriz".

Asimismo, señala que "si las cantidades que recibe la filial por la colocación de las participaciones preferentes son considerados fondos propios de la entidad en la consolidación de sus cuentas, lo cierto es que de ninguna manera podría aceptarse que las cuantías derivadas de la retribución del depósito subordinado constituido por la filial pudieran considerarse gasto deducible en el impuesto de sociedades".

Y advierte: "Si consideramos la retribución de esos depósitos, alrededor del 5,75%, y la cantidad total que a través de las participaciones preferentes se ha ido invirtiendo en entidades financieras, más de 2,5 billones de pesetas, el perjuicio de la Agencia Tributaria derivado de esas prácticas puede ser de enormes proporciones. Precisamente, ahí está el secreto de la fórmula que permite repartir dividendos tan importantes". La propuesta de resolución, elevada al fiscal general del Estado, propone el archivo de las diligencias, no sin antes calificar la "tolerancia" de esta práctica como "irregular y lesiva para el Tesoro Público".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de febrero de 2003