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El Superior sugiere que Zabalgarbi precisa otra licencia

El tribunal desestima la suspensión de las obras de la red de agua potable de la incineradora

El Tribunal Superior vasco sugiere en un auto que la red de agua potable que pretende construir la empresa Zabalgarbi, promotora de una incineradora de basuras, en un suelo de especial protección de Bilbao requiere de una licencia de obras. Tanto el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, que ha elaborado el proyecto de la acometida de agua, como el Ayuntamiento bilbaíno han defendido que no es necesario el permiso, que se tendría que sumar a la licencia general que ya tiene la promotora.

La resolución desestima la suspensión cautelar de las obras de la red aún no iniciadas pedida por los demandantes -el grupo municipal de IU-EB en Bilbao- y no aborda en este momento "la necesidad o innecesariedad" del permiso municipal "puesto que puede solicitarse antes del inicio de las obras".

El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior anima a Izquierda Unida a que "si así no se hiciera [la petición de la licencia]" solicite al consistorio que "adopte las medidas de disciplina urbanística correspondientes, tras valorar la necesidad o no de licencia municipal y si las obras encajan o no en el planeamiento urbanístico".

Esta resolución ha llevado a Izquierda Unida a presentar ya formalmente la demanda anunciada el pasado año. Esta formación había denunciado en junio presuntas irregularidades en los planes de suministro de agua para la incineradora, que estará operativa a mediados de 2004. Señaló que Zabalgarbi había aumentado su petición de demanda de agua: a los 50 litros por segundo de agua no potable del río Cadagua, había unido otra solicitud de 150 litros por segundo al Consorcio Bilbao-Bizkaia, procedentes del depósito de Cobetas, que abastece a la capital vizcaína. Ésta es la acometida que atraviesa suelos de especial protección y carece de licencia y que IU cree que esconde una operación urbanística.

Un informe de legalidad elaborado por el Ayuntamiento no aborda la cuestión del permiso y reconoce que la red, de casi dos kilómetros, atraviesa suelos de especial protección. Pero estima que es legal porque argumenta que el plan urbanístico de Bilbao no afecta al subsuelo.

Por otro lado, el PP anunció ayer que reclamará en el pleno bilbaíno de hoy, al igual que el PSE, la destitución del presidente del Consorcio de Aguas por las anomalías en su gestión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de enero de 2003