Los síndicos entregarán antes de julio los informes atascados durante 2 años

Los siete síndicos de la Sindicatura de Cuentas, organismo que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, han firmado la paz y se van a poner a trabajar después de dos años de crisis. Ayer se comprometieron ante el presidente del Parlament, Joan Rigol, a olvidar viejas rencillas y a entregar antes del mes de julio los 10 informes pendientes de evaluación, cinco de los cuales afectan a CiU. En el documento, el síndico mayor, Marià Nicolàs, pide perdón a sus compañeros por haberles calificado de "envidiosos" y "frustrados".

Se ha acabado, al menos sobre el papel, dedicar dos años a la redacción de un informe, como sucedió con el caso Pallerols, o a paralizar un expediente porque alguien no compra sellos. Los síndicos no están dispuestos, al menos eso se desprende del documento Programa de normalización institucional, a pasar otra vez por el mal trago de que el presidente del Parlament les pida públicamente su dimisión si son incapaces de comportarse conforme a su cargo y llevar a cabo sus obligaciones.

En tres folios y medio, los siete síndicos han puesto fin a una crisis de dos años, iniciada tras la dimisión de su superior, Ferran Termes, y por su incapacidad de elegir a un sucesor tras más de 50 votaciones. Al final, tuvo que ser el Parlament el que designara a Marià Nicolàs, cuestionado hasta ayer por la mayoría de sus compañeros. No en vano Nicolàs ha llegado a poner en duda en la propia Cámara la eficiencia del resto de los síndicos, a quienes calificó de "envidiosos" y "frustrados" y culpó de la parálisis de la sindicatura. Por fin, ante la amenaza política de destituirles, los siete miembros de la sindicatura han preferido fumar la pipa de la paz a verse desahuciados.

En primer lugar, los síndicos se comprometen a conferir a la institución "estabilidad, previsión y eficiencia", y a "superar desacuerdos y agravios". Nicolàs "lamenta" los adjetivos que les dedicó a sus compañeros y todos juntos han aprobado un calendario para la finalización de los informes pendientes. Todos ellos serán entregados en el Parlament antes de finalizar la legislatura.

En total son 10 los expedientes que los síndicos todavía tienen entre manos. Cinco corresponden a instituciones gobernadas por CiU, entre los cuales uno afecta al entorno familiar de Jordi Pujol, en concreto el de la compañía Europraxis. Entre los socios fundadores de esta empresa figura Josep Pujol Ferrusola, hijo del presidente. La sindicatura debe concretar los encargos del Gobierno catalán a Europraxis y si existió algún tipo de incompatibilidad por las tareas que desarrolló la empresa y la presencia en ésta de un hijo de Pujol. El resto de los expedientes que afectan a CiU son los de la Diputación de Lleida, la ampliación del caso Pallerols, las cuentas de la Generalitat de 2001 y las del Instituto Catalán de Finanzas del mismo año. Los otros informes corresponden a las empresas Prolhasa y Barcelona Regional, del Ayuntamiento y de la Diputación de Barcelona, gobernados por socialistas; las cuentas de los ayuntamientos, y los fondos ocupacionales de la empresa Baix Llobregat. Asimismo la sindicatura ha desbloqueado la contratación de personal y ha convocado oposiciones para ampliar su plantilla en 23 personas.