¡Bienvenido al club!

Aunque es persona sensata y de buen sentido, nunca ha sido prudente Manuel Jiménez de Parga en sus manifestaciones públicas. No lo fue cuando, antes de ser catedrático, cogió por primera vez la toga en el Madrid de 1956 para defender a un amigo y compañero de Universidad acusado -con razón- del entonces grave delito de pertenecer al Partido Comunista. Esta imprudencia también la agradecíamos los estudiantes de mi curso de Derecho, cuando entre 1960 y 1962 hacía en las clases continuas críticas al franquismo, insólitas en el panorama de la época. Críticas arriesgadas que le impidieron durante un tiempo firmar con su nombre en La Vanguardia y le obligaron a renunciar a la función pública fuera de la Universidad.

Años más tarde, también los lectores del semanario Destino agradecieron sus incisivos comentarios, que apuraban al límite los márgenes de la recién estrenada Ley de Prensa de 1966. Tras la clausura gubernamental durante dos meses de dicho semanario, la condición para reabrirlo fue que Jiménez de Parga -que además era el abogado defensor de Néstor Luján, director de Destino, ante el ministerio y ante los tribunales penales- dejara de escribir en él. Tampoco fue prudente Jiménez de Parga cuando siendo ministro de Trabajo del primer gabinete democrático de Adolfo Suárez hizo unas manifestaciones públicas criticando a los empresarios y al sistema capitalista español. Ferrer Salat, que acababa de fundar la CEOE, pidió su cese, que Suárez hizo efectivo a las pocas semanas. Quizá tampoco fue prudente cuando, desde los primeros momentos, fue de los pocos que en la prensa de este país se opuso a la guerra del Golfo.

Tampoco ha sido prudente Jiménez de Parga en sus manifestaciones públicas de los últimos meses, desde que es presidente del Tribunal Constitucional, a pesar de que sus amigos le recomendáramos siempre que debía pasar más inadvertido por la opinión pública ya que dicho cargo, ciertamente, impone ciertas cargas y se debe cuidar mejor el tono, la forma y la oportunidad de aquello que se dice para preservar la naturaleza de la institución que preside.

Ahora bien, la interpretación que políticos, columnistas, tertulianos y medios de comunicación en general -muy especialmente los de Cataluña- han hecho de sus palabras, ha sido no sólo desmesurada en la forma sino, sobre todo, equivocada en el contenido ya que han tergiversado el sentido de lo dicho, intoxicando al ciudadano sin escrúpulo alguno. Según la prensa reprodujo el primer día, Jiménez de Parga se limitó a decir -con una comparación ciertamente desafortunada- que todas las comunidades autónomas tenían una historia pasada y que, por tanto, de esta historia, no podía derivar trato de favor alguno más allá, como es natural, de lo establecido por la Constitución, que en realidad es muy acotado y concreto. No rebusquemos, por tanto, en la historia, donde todos pueden alegar un indudable pasado más o menos glorioso, venía a decir el profesor.

Actualmente, en más de la mitad de los estatutos aparecen términos como "nacionalidad histórica", "comunidad histórica", "identidad histórica", "entidad histórica" u otras variantes similares. En todo caso, en los estatutos vasco y catalán, el término que aparece es "nacionalidad" a secas. Y el término "comunidad histórica" -contrariamente a lo repetido estos días- no aparece en la Constitución, aunque la doctrina lo ha utilizado en sentidos diversos, que han variado según los cambios legales. En todo caso, con el término "comunidad histórica" no se alude a Cataluña y al País Vasco, que según sus estatutos son "nacionalidades".

Por tanto, ni Jiménez de Parga ha criticado la Constitución, ni ha dicho nada anticonstitucional, ni ha negado que Cataluña fuera una nacionalidad, ni ha vulnerado el artículo 2 de la misma que distingue entre nacionalidades y regiones. ¿Qué ha sucedido entonces para que se armara tanto barullo? Unos han considerado que el presidente del Tribunal Constitucional no debe expresar ideas que influyan en el desarrollo político de la Constitución -y en ello tienen razón- y otros, los nacionalistas vascos y catalanes, han aprovechado la ocasión, una vez más, para desacreditar al Tribunal Constitucional -una institución del Estado que, por otra parte, siempre han criticado- y pretender mostrar su constante obsesión de que estamos, de nuevo, ante una gran ofensiva del nacionalismo español. Una "mentira" reiterada con insistencia se convierte en una "verdad", decía el nazi Goebbels, uno de los grandes teóricos en manipular a la opinión pública.

En cambio, absurdos ataques contra el presidente del Tribunal Constitucional están pasando desapercibidos. Artur Mas ha dicho que el Gobierno de CiU estudia interponer una demanda civil contra Jiménez de Parga y recusarlo en todos los recursos en los que la Generalitat tenga un interés propio. Son dos barbaridades jurídicas de tal calibre que sólo pueden proponerse desde la más absoluta ignorancia del derecho o desde la más barata demagogia electoralista. Sin embargo, nadie le ha replicado, dado el opresivo ambiente que, cuando quieren, los nacionalistas saben crear.

Los movimientos nacionalistas, en efecto, precisan de enemigos exteriores e interiores. Jiménez de Parga ha pasado a ser uno más en la lista de enemigos de Cataluña que periódicamente necesitan los nacionalistas para seguir dominando ideológicamente. Lista larga, por la que han pasado, en su momento, Solé-Tura, los fiscales Villarejo y Mena, Josep M. Sala, Narcís Serra, Josep Borrell y Aleix Vidal-Quadras, entre otros. Seguirán más en los próximos meses: Pujol ya ha calificado a Maragall durante este fin de semana pasado de "antipatriota" y lo ha acusado de decir "chorradas". Mas ha considerado, por su parte, que Maragall es "un peligro para Cataluña". Son síntomas de lo que nos viene encima. Jiménez de Parga es, por ahora, el último de esta selecta lista de enemigos. ¡Bienvenido al club!

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional en la UAB.