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Reportaje:

Alemania es un barco encallado

El gigante europeo se enfrenta a un año decisivo para evitar que se perpetúe su postración económica actual

Reformar o perecer: la disyuntiva no podría ser más drástica para el canciller alemán, Gerhard Schröder, quien en 2003 tiene que maniobrar a contrarreloj para impedir que el estancamiento se perpetúe en la mayor economía de la zona euro. Lo que está en juego es la salud económica de Alemania, desde luego, pero también el futuro político del canciller, coinciden en señalar los analistas.

En sintonía con otras estimaciones, el DIW prevé que la economía alemana apenas crecerá un 0,6% este año y no más del 1% en 2004

El mensaje de Año Nuevo había sido grabado con anterioridad. Gerhard Schröder, el canciller alemán, se había marchado a China, a asistir allí a la inauguración del primer trayecto comercial del Transrapid, un tren de levitación magnética que alcanza velocidades pico de 500 kilómetros por hora y cuya tecnología los alemanes poseen desde hace décadas sin que se hayan animado a construirlo. "Sólo podremos mantener nuestro bienestar, nuestra seguridad social, nuestros buenos colegios, calles y hospitales, envidiados por tantos pueblos, si nos concentramos en nuestras propias fuerzas y juntos reunimos el valor para acometer cambios fundamentales", dejó dicho a los suyos el socialdemócrata.

El aún bastante genérico llamamiento televisivo fue acompañado esos mismos días de la oportuna filtración a la prensa de un documento estratégico elaborado por un grupo de altos funcionarios de la cancillería, en el que se leen frases como: "Nuestros problemas son la demanda interna y las inversiones, que en el pasado con frecuencia evolucionaron peor de lo esperado". "Hay que dejar en claro, sin lugar a equívocos, que incluso en el caso de nuevos choques externos no habrá aumentos de impuestos". "Sobre todo las contribuciones a la Seguridad Social tienen consecuencias claramente negativas para el empleo en el sector servicios". Y, a propósito del sistema de pensiones y la necesidad de recortar las jubilaciones: "No se podrá esquivar la discusión de una ulterior participación de los pensionados en la reducción del gasto público".

Predicar y dar trigo

Una perla tras otra, en suma: todas estas tesis son exactamente lo contrario de lo hecho por el Gobierno en los últimos dos años y, sobre todo, en los últimos meses. Tras ganar, en contra de casi todos los pronósticos, las elecciones en septiembre, la coalición de socialdemócratas y verdes se apresuró a tapar de la peor manera posible un agujero fiscal de cuyo tamaño no quiso hablar durante la campaña: entre 76.000 y 82.000 millones de euros en 2002, un 3,75% del producto interior bruto (PIB), bastante más de lo previsto en el Pacto de Estabilidad.

Las medidas puestas en marcha -algunas de ellas aún pendientes de ser aprobadas por la Cámara alta del Parlamento, controlada por la oposición conservadora- incluyen el aumento de una amplia gama de impuestos, eliminación o reducción de subsidios, entre ellos uno a la construcción de vivienda, y fuertes incrementos en las cotizaciones al sistema de pensiones y al seguro médico. El frenesí culminó en una nada ortodoxa sentencia del jefe del grupo parlamentario socialdemócrata, Franz Müntefering. "Hay que dar menos al consumo privado y más al Estado", alcanzó a decir, antes de ser acallado por una avalancha de oprobios.

Las consecuencias de este "necesario, aunque siempre preliminar paquete de estabilización, al que seguirán reformas más profundas", como rápidamente comenzaron a excusarse portavoces gubernamentales, se están comenzando a ver. Las más recientes estadísticas indican que ya en noviembre, cuando los aumentos de impuestos apenas se estaban discutiendo, las ventas del comercio minorista se desplomaron con una rapidez desconocida en muchos años: un 6%. Ello, en un ejercicio, 2002, que las patronales del sector ya antes habían definido como el "peor desde la Segunda Guerra Mundial". Atemorizados por la inminente merma en sus ingresos y el riesgo de quedar en paro (que en diciembre afectó a 4.225.000 personas, un nivel desconocido desde 1997) los alemanes, sencillamente, están gastando cada vez menos. Con ello, también decrecen los incentivos para nuevas inversiones empresariales.

Unos y otros, además, se enfrentan al problema de que el precio del dinero fijado por el Banco Central Europeo para el conjunto de la zona euro es superior a lo que conviene: descontada la bajísima inflación (1,1% en diciembre), los tipos son más altos en Alemania que entre los otros participantes de la unión monetaria. En vista de que tampoco cabe esperar mayores impulsos de la economía mundial -que en otras coyunturas había permitido que la potente exportación alemana jalonara la coyuntura- y que un sector crucial, la construcción, sigue hundido en la crisis más absoluta, Alemania corre riesgo de "empantanarse definitivamente", en palabras de Klaus Zimmermann, director del instituto de investigación DIW de Berlín. Al igual que otros expertos, cree que el país incluso podría estar al borde de una mortífera espiral deflacionista, aquella retroalimentación entre caída de precios y desplome de la actividad económica que lleva años causando estragos en Japón.

En sintonía con otras estimaciones, el DIW prevé que la economía apenas crecerá un 0,6%, este año, y no más del 1%, en 2004. Esto hay que verlo en perspectiva: ya en 2001, el PIB apenas aumentó un 0,6%, y en 2002, tan sólo lo hizo en un 0,3%, según estimaciones preliminares. La mayor economía de la zona euro, en suma, está completamente estancada.

Entre la espada y la pared

Todo ello ha puesto entre la espalda y la pared a Schröder, y explica los cada vez más claros anuncios de un giro radical. Antes de su viaje a China, el canciller ya había dejado atada en el Parlamento la prometida reforma del régimen del paro, que reorganiza a fondo la Oficina Federal de Empleo (equivalente al Inem), aumenta la presión para que los parados acepten todo tipo de trabajos, y busca incentivar los empleos de baja retribución. Además, el Gobierno anunció un reforma del impuesto sobre rentas de capital que incluye una amnistía para incentivar la repatriación del dinero negro depositado fuera de Alemania.

A la vuelta de China, Schröder se encerró con los líderes socialdemócratas para alumbrar una nueva iniciativa: un programa de incentivos fiscales para autónomos y pymes. Muchas veces dispares entre sí, todas estas medidas difícilmente podrán reactivar a corto plazo la economía. Por ello, Schröder parece estarse convenciendo de que son inevitables recortes más drásticos al Estado de bienestar, para las cuales incluso podría contar con el beneplácito de la oposición. Lo que está en juego es la salud económica de Alemania, desde luego, pero también el futuro político del canciller.

El canciller Gerhard Schröder y el comisario europeo Pedro Solbes.
El canciller Gerhard Schröder y el comisario europeo Pedro Solbes.EFE

Bruselas, con la sartén por el mango

En los últimos días, la Comisión Europea ha instado a Alemania a adoptar hasta el próximo 21 de mayo los ajustes necesarios para asegurar que el déficit público no vuelva a superar el 3%. En su última comunicación a Bruselas, Berlín se había comprometido a alcanzar un 2,75%, basado en un crecimiento del 1,5% en 2003.
Hasta en las diplomáticas palabras del comisario de Asuntos Económicos, Pedro Solbes, esta estimación es muy "optimista". Lo más probable es un crecimiento máximo en torno al 1%, como acaba de admitir por primera vez el ministro de Economía alemán, Wolfgang Clement. Bajo estas condiciones, resulta "imposible" que Alemania pueda cumplir con su promesa, según diversos expertos. En otras palabras: Berlín está camino de violar por segundo año el Pacto de Estabilidad, lo que abre la posibilidad de que la Comisión Europea algún día tenga que sancionar con hasta 10.000 millones de euros a la mayor economía de la zona euro.
Para cumplir con el 3%, Alemania, claro está, podría también decretar una nueva ronda de aumentos de impuestos y recortar a toda prisa y sin misericordia su gasto público. Ello, sin embargo, equivaldría a asfixiar definitivamente aquella economía, que representa cerca de un tercio del PIB comunitario, lo que tampoco puede estar en el interés ni de Bruselas ni en el de sus socios.
"Si la tasa de crecimiento es muy débil, no exigiremos medidas de austeridad adicionales", advirtió Solbes hace unos días. Sus palabras fueron interpretadas como la búsqueda de un camino intermedio: tolerar una segunda infracción consecutiva del Pacto de Estabilidad a cambio de que Berlín ponga en marcha definitivamente las tantas veces exigidas reformas para dinamizar su economía, como la reestructuración a fondo de su sistema de Seguridad Social o una liberalización radical de su mercado de trabajo. En este sentido, Bruselas, hoy por hoy, tiene la sartén por el mango.

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