0,6 euros a cambio de 6,5 millones
En septiembre pasado, el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, reiteró su convencimiento en la "absoluta inocencia" de sus compañeros de corporación implicados en el llamado caso funeraria y presentó la dimisión de los ediles Simón Viñals y Antonio Moreno, respectivamente al frente de las áreas de Salud y Patrimonio, y del diputado Luis María Huete como una decisión "personal" de los imputados. "Me han pedido que les releve de sus cargos y responsabilidades en el Ayuntamiento y van a solicitar la baja temporal en el partido", afirmó el regidor.
Días antes, el juez instructor de la causa había decretado la apertura del juicio oral para los tres cargos del PP y tres socios de Funespaña (Juan Antonio y Ángel Valdivia y José Ignacio Rodrigo) por la venta, en 1992, del 49% de las acciones de la funeraria municipal madrileña. Según el fiscal, Huete, Viñals y Moreno privatizaron la funeraria en 1992, un año después de llegar al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, por 0,60 euros cuando, según el fiscal, valía más de 6,5 millones.
Para llevar adelante la operación realizaron "burdos artificios contables" con el objetivo de aparentar una "mala situación económica" de la empresa, que operaba como monopolio, según la acusación.
Para hacer frente a los posibles daños a las arcas municipales, el juez exigió 13 millones de euros de fianza, de los que nueve recaen sobre los bolsillos de los cargos del PP y los tres principales accionistas de la empresa adjudicataria, Funespaña.
La instrucción analizó exhaustivamente cómo se fraguó la venta. Según el fiscal, el cerebro de la operación fue José Ignacio Rodrigo, asesor municipal. El PP aprobó la operación con informes contrarios del interventor y favorables de Rodrigo y de las concejalías de Viñals y Moreno. Tanto el juez José Luis Quesada, en el auto del pasado 15 de abril en el que cerraba su investigación, como el fiscal, en su escrito del 30 de julio, no dudan del papel "decisivo" o "director" desempeñado por Rodrigo en la venta. "Rodrigo se puso de acuerdo con el acusado Juan Antonio Valdivia, representante legal de una de las empresas consultadas, Funespaña, para asegurarse una importante participación lucrativa en tal operación".
Según la fiscalía, Rodrigo obtuvo 10,1 millones con la transacción a través de su presencia accionarial en Funespaña.
