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Regiones y Europa: contradicciones del PP

Suele reprocharse hoy a los Estados -y a veces con razón- que hagan prevalecer el interés nacional por encima del europeo. Los jefes de Estado y de gobierno presentan las conclusiones de las cumbres destacando lo que han obtenido Francia, Alemania, España... y olvidando o minimizando los resultados en términos de integración europea.

Pero existe un ámbito en el que el Gobierno español y el Partido Popular mantienen posiciones contrarias a los intereses institucionales de España: el de la participación de las regiones en el proceso de integración europea.

En la cumbre de Laeken, en diciembre de 2001, las propuestas del primer ministro belga de hacer participar a las regiones con competencias legislativas en el proceso de reforma de la Unión encontraron la oposición, más o menos matizada, de los Estados centralizados y del Gobierno español a través del presidente José María Aznar. Una propuesta que reforzaba el papel de las comunidades autónomas, incluidas por supuesto las gobernadas por el Partido Popular, fue rechazada por quien, en teoría, se erige en estas ocasiones -las cumbres- en representante no sólo de un gobierno, sino de un Estado integrado por comunidades autónomas.

La votación de la Eurocámara, el pasado 14 de enero, rechazando los aspectos más regionalistas del Informe Napolitano, nos ofrece otra muestra de este curioso proceder. Ante la posibilidad de que se reconociera, en defensa de sus competencias, el derecho de recurso de las regiones con competencias legislativas, el eurodiputado popular Méndez de Vigo, inició una campaña que ha impedido que la Eurocámara aprobara estas recomendaciones. ¿Otra nueva sorpresa?

Sorpresa relativa para quienes conocemos desde hace tiempo la negativa del Gobierno a avanzar en la participación real y efectiva de las autonomías en la configuración de la posición española en los asuntos europeos. España es hoy el único Estado miembro con una estructura territorial compleja en el que no existe una participación regional en la política europea.

No obstante estas circunstancias, el Gobierno de la Generalitat mantiene un doble pleno de reivindicación. En primer lugar, mediante la participación en la política europea española, las conferencias sectoriales deben convertirse en instrumentos que nos permitan intervenir en la formación de la posición española en agricultura, medio ambiente, industria... y sobre todo debe levantarse el veto a participar en el Consejo de Ministros. No esperamos, por supuesto, resultados en la presente legislatura, pero actuamos desde el convencimiento de que la excepción española no puede mantenerse indefinidamente.

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En segundo lugar, mediante una activa participación e impulso en el movimiento de regiones con competencias legislativas y a través de iniciativas propias como la Convención catalana, cuyos resultados serán elevados a la Convención europea por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en los próximos días.

Las regiones legislativas se reunieron en Florencia el pasado mes de noviembre tras haberlo hecho en Lieja en 2001 y en Barcelona en 2000. Se reunieron en Florencia con la ausencia significativa -con la honrosa excepción de Galicia- de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Adoptaron allí una resolución en la que reclamaban un estatuto especial para estas regiones en la UE.

En concreto, se solicita a la Convención europea que en la perspectiva de un futuro tratado constitucional tenga en cuenta, entre otras, las siguientes propuestas: 1. Introducción en el preámbulo de una referencia explícita al respeto a la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, a la identidad nacional de sus Estados miembros y a laorganización de sus poderes públicos a escala nacional, regional y local. 2. Reconocimiento del carácter vinculante del principio de subsidiariedad instaurando un mecanismo de control ex ante para su salvaguarda en la fase inicial del proceso legislativo. 3. Mejor distribución de las competencias de la UE entre el nivel europeo, estatal y regional y aplicación generalizada del artículo 203 del Tratado CE que permite la participación de las regiones con poder legislativo en el Consejo de Ministros de la UE y refuerzo del Comité de las Regiones mediante su reconocimiento como una institución europea de pleno derecho.

Además, en Florencia se pidió el reconocimiento de un estatuto especial para las regiones con poder legislativo, que comportará los siguientes derechos: ser consultadas por la Comisión Europea cuando sus propuestas afecten a materias de su competencia, participar plenamente en el control de la subsidiariedad y, como corolario, el reconocimiento del derecho a presentar un recurso directamente ante el Tribunal de Justicia en caso de conflictos de competencia con la Unión, derecho que también se propone reconocer al Comité de las Regiones en defensa de sus prerrogativas.

Son propuestas que expresan la inequivoca adhesión de estas regiones a las reformas de la Unión Europea, adhesión que por supuesto comporta la voluntad de participar más activamente en la definición de sus políticas y de situarse en el esquema de reparto de funciones y responsabilidades que configura el principio de subsidiariedad.Sería conveniente que el Gobierno y el Partido Popular analizaran las reivindicaciones regionales desde esta perspectiva y dejaran de ver en ellas peligros para España y para la construcción europea. Sería, además, coherente con la defensa de los intereses españoles en el más noble sentido de la palabra.

Joaquim Llimona es secretario de Relaciones Exteriores de la Generalitat de Cataluña.

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