Alperi se contradice en la explicación del convenio que favorece a dos industriales y a una empresa

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, se contradijo ayer al intentar explicar cuál fue su papel en el supuesto litigio entre dos industriales y una urbanizadora. Alperi negó cualquier conocimiento de los industriales harineros, uno de los cuales era vicepresidente y consejero de la empresa urbanizadora, pero más tarde afirmó que había negociado con los propietarios de las harineras. El convenio, firmado por el alcalde y los dos industriales, obliga al Ayuntamiento a compensar con suelo valorado en 15 millones de euros. El consistorio, a cambio, recibiría 900.000 euros.

"Ni sé quien es el señor Bufort ni sé quién es el señor no sé cuánto [José Cloquell], ni si [éste último] estaba en la urbanizadora o no estaba en la urbanizadora; no lo sé, ni tengo por qué saberlo", declaró ayer Díaz Alperi tras ser interpelado por Radio Alicante de la Cadena SER sobre una información publicada el martes en EL PAÍS, según la cual, José Cloquell, uno de los propietarios de suelo con los que el alcalde firmó el acuerdo para evitar litigios con una urbanizadora había sido vicepresidente y consejero de ésta hasta muy poco antes de formalizar el convenio.

El alcalde comenzó a responder a la pregunta de si sabía la vinculación del propietario con la urbanizadora con esta contradicción: "Ni lo conozco, ni lo ignoro, ni me ha condicionado". Y luego se extendió en su versión del convenio. Había dos opciones, dijo: que las fábricas de harina siguieran ahí a perpetuidad o que se quitaran. "Los técnicos municipales de Urbanismo me recomendaron que sería muy bueno que toda la zona fuera residencial, porque, de lo contrario, la Generalitat no iba a aprobar el plan parcial". Alperi se contradijo cuando, en otro momento de su explicación, aseguró que negoció con los propietarios de la harineras, que "no tienen nada que ver con el dinero que yo consigo para la ciudad de Alicante [900.000 euros] con otras personas distintas, que son los urbanizadores".

Según Alperi, los titulares de las industrias harineras pidieron que se les diera todo el suelo que tenía el Ayuntamiento en el plan parcial como indemnización para trasladar sus fábricas a otros sitios. "Ellos valoraban la indemnización en 1.500 millones de pesetas [unos 9 millones de euros] y nosotros negociamos para ofrecerles 10.000 unidades de construcción y no las 14.000 que ellos pedían. Al final, cuando yo les digo que no paso de 10.000, los técnicos me dicen que es un magnífico acuerdo para el Ayuntamiento; ellos, después de pensarlo mucho, nos dicen que de acuerdo". Tras revelar esos datos de la negociación -en el expediente municipal no consta valoración de los terrenos-, el alcalde añadió: "Yo tengo que pensar en la ciudad, no en los señores de la urbanizadora, y pienso en la ciudad cuando con ese acuerdo desbloqueamos la zona de Benalúa sur y las fábricas se retiran de donde están, que no es precisamente lo más bonito al entrar a la ciudad de Alicante".

Díaz Alperi recalcó que Prasa, mercantil que desarrolla urbanísticamente la zona, no tiene "nada que ver con los titulares de las harinas". Pero en realidad, la presidenta de esta firma, María Lourdes Gadea, preside a su vez la empresa urbanizadora Nuevo Sector Benalúa Sur, sociedad que obtuvo del Ayuntamiento la aprobación provisional del plan parcial de la zona y de la que uno de los titulares de las fábricas de harina, José Cloquell, era vicepresidente y consejero hasta poco antes de firmar el acuerdo con el alcalde. Nuevo Sector Benalúa Sur tiene su sede en las oficinas de Prasa en Alicante, emplazadas en el emblemático edificio Carbonell de la Explanada de España.

Los tres grupos de la oposición, que ayer anunciaron recursos de reposición a la aprobación plenaria del convenio, coincidieron en que el hecho de que el propietario de una de las fábricas cesara de sus cargos de la urbanizadora con la que supuestamente tenía conflicto, poco antes de firmar el convenio con el alcalde, demuestra que todo estaba acordado de antemano y se ha enmascarado.

Esquerra Unida insistió ayer en que el Ayuntamiento no tenía por qué entrometerse en ese asunto, "a no ser que el alcalde, como así ha sido, quisiera regalar el terreno público". El portavoz del Grupo Mixto, Daniel Rodríguez Vicaria, indicó que el Ayuntamiento tenía la sartén por el mango sin necesidad de "regalar el terreno", ya que "para algo está en la Ley la reparcelación forzosa y la expropiación".

Blas Bernal, portavoz del Grupo Socialista, recalcó que este proceso "oscuro y rocambolesco" se ha realizado sin informe técnico patrimonial. Bernal aseguró que sus asesores jurídicos han comenzado ya a estudiar todas las posibilidades para revocar la aprobación del convenio. Éste pasó fugazmente por el pleno el pasado viernes. Los tres grupos de la oposición pidieron sin éxito que Alperi lo retirara.