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LAS TENSIONES URBANÍSTICAS

La consejería paraliza el plan de Orihuela en el entorno de Escalona hasta que se resuelvan las irregularidades

El escándalo que se ha desatado en el Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, tras la aprobación del proyecto urbanístico PAU 21, ha llevado a la Consejería de Obras Públicas a anunciar su decisión de paralizar el expediente, mientras no se solucionen las irregularidades administrativas que contienen.

La oposición denunció hace unos días que entre la documentación del proyecto no figuraba el informe que debe emitir el secretario del consistorio y aunque este escrito no es vinculante, sí que posee un carácter preceptivo. Durante el proceso de tramitación, el PP tampoco insertó en el expediente las alegaciones que interpuso la otra mercantil que se presentó al concurso. Según el PSPV, el proyecto que presentó esta última empresa fue rechazado sin que el alcalde esgrimiera razones objetivas, "José Manuel Medina alega que estaba fuera de plazo, pero el expediente no indica cuál era ese plazo", explica el portavoz de urbanismo del PSPV oriolano, Isaías Marcos.

Tras los visos de ilegalidad que se han advertido en este expediente, los dos grupos de la oposición, Centro Liberal y PSPV, emprenderán acciones judiciales. El portavoz del Centro Liberal (CL), Jesús Ferrández, confirmó ayer a este medio que sus "abogados estudian la posibilidad de interponer una querella por prevaricación contra Medina". En similares términos se expresaba ayer Isaías Marcos, que subrayaba el carácter ilegal del proyecto: "El acuerdo adoptado por el PP es nulo de pleno derecho porque faltan documentos preceptivos, por ello vamos a presentar un recurso de reposición para exigir al equipo de gobierno que restablezca el acuerdo que suscribimos el 24 de julio".

La polémica suscitada en torno al PAU 21 se agravó cuando los partidos de la oposición recordaron que el PP había respaldado una moción donde todos los grupos municipales se comprometían a proteger este entorno de Sierra Escalona. El incumplimiento de este acuerdo es para el PSPV "una evidencia de la trama político-empresarial que rodea este asunto. Medina podría estar recibiendo fuertes presiones", señala Isaías Marcos.

No tan rotundo, aunque igualmente tajante, se mostró el portavoz del CL cuando comentó que "detrás de esta guerra entre el secretario del consistorio y del alcalde se ocultan otros intereses. Cada uno está defendiendo a una de las dos mercantiles que acudieron al concurso". A su juicio, esto podría explicar que se hayan divulgado informaciones sobre las infracciones que se cometieron durante la redacción del expediente.

El PSPV añade que el alcalde ha jugado con la oposición al intentar esconder una información que era determinante. "Medina sabe que en dos días que teníamos de plazo para examinar a fondo la documentación era bastante improbable que descubriéramos sus graves faltas", concluye Isaías Marcos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de enero de 2003