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LAS TENSIONES URBANÍSTICAS

Los socialistas sostienen la imputación por falsedad aunque Gimeno anulara los recibos por "erróneos"

La acusación solicita al juez que declare el concejal de Urbanismo de Castellón, Alberto Fabra

María Fabra

Los socialistas sostienen que en nada afecta a una de las imputaciones de su querella contra el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, la de falsedad en documento, el hecho de que los recibos de la empresa Calviga, adjudicataria de los terrenos de la antigua estación, supuestamente falsificados, fueran anulados por "erróneos" siete meses después, como declaró el lunes Gimeno ante el juez. Según los socialistas, aunque así hubiera sido, la empresa del grupo de Luis Batalla era deudora del Ayuntamiento y estaba inhabilitada en el momento de la adjudicación. El abogado del grupo socialista pedirá hoy al juez que declare el concejal de Urbanismo, Alberto Fabra , en quien Gimeno descargó la responsabilidad de las gestiones en aquella operación.

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El portavoz adjunto del grupo municipal del PSPV en Castellón, Miguel Alcalde, lamentó ayer la "falta de respeto que ha demostrado José Luis Gimeno hacia el proceso judicial ya que, llegada la hora de la verdad, se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación donde toca, que es en el juzgado". El portavoz socialista sostuvo que se han visto "obligados" a rebatir uno de los argumentos esgrimidos en la comparecencia del alcalde de la capital de La Plana ante el juez. "Aunque no es nuestra intención distorsionar el proceso judicial, ni intentar aclarar lo sucedido en otro sitio que no sea el juzgado, que es donde deben depurarse los hechos y las responsabilidades por la operación urbanística en los terrenos de Renfe", puntualizó.

Se trata de la presunta falsificación de unos recibos. Gimeno mantuvo en su declaración que éstos fueron emitidos de forma "errónea" a nombre de Calviga por una antigua deuda que invalidaba a la empresa como adjudicataria municipal. Por ello, según declaró, fueron anulados siete meses después. Miguel Alcalde indicó ayer que la supuesta anulación "no afecta para nada al contenido de la querella" ya que, "aunque así hubiera sido, cuestión que desconocemos, en el momento del concurso Calviga era deudora, tal como señalaba en un informe el viceinterventor del Ayuntamiento".

Alcalde consideró que Gimeno no ha hecho más que sembrar nuevas dudas. "¿Si las propiedades sobre las que estaba pendiente la deuda no eran de Calviga por qué esta empresa aceptó pagar los recibos y con recargo?", se preguntó ayer y añadió que sobre el presunto delito de falsificación de documento público quedan por dilucidar "las dos cuestiones principales: si los recibos están o no falsificados, y por qué la mesa de contratación obvió el certificado de deudas y aceptó la oferta de la empresa filial de Lubasa".

Responsabilidades

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Después de que el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, mencionara ante el juez al concejal Alberto Fabra, como actual responsable del Urbanismo en la capital de La Plana, y al ya fallecido, delegado en 1994 en esta materia, Víctor Falomir, los concejales del grupo municipal socialista se han planteado la solicitud de nuevas diligencias y declaraciones. Gimeno compareció el lunes ante el titular del juzgado número 1 de Castellón como imputado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público. Tanto él como el segundo querellado, el empresario Luis Batalla, alegaron la delegación de ciertas responsabilidades durante el procedimiento urbanístico que acabó con la adjudicación, a Calviga, filial de Lubasa, del desarrollo de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea.

El alcalde de Castellón implicó a Alberto Fabra por su condición de responsable de las actuaciones urbanísticas, dadas las delegaciones que se le atribuyeron a éste al inicio de la legislatura. Así, los concejales del grupo municipal socialista, que fueron quienes presentaron la querella, y su abogado, Juan Callao, han considerado la necesidad de que Fabra acuda a declarar para tratar de dilucidar algunas cuestiones y decisiones. Además, consideran necesario que se aclaren las contradicciones en las que, según el letrado, incurrió Gimeno. De esta manera, solicitarán al juez instructor nuevas diligencias y más declaraciones.

Por su parte, Alberto Fabra indicó ayer que la intención de los socialistas no es otra que la de "prolongar el procedimiento lo más posible". "Esto es un juicio que busca el oportunismo político", dijo ayer el concejal del PP en declaraciones a la cadena SER.

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