Sitges, la fea

Hacía tiempo que no visitaba Sitges. Aunque ya conocía su degradación urbanística, esta vez me he quedado atónito ante tantas barbaridades, tantos errores, tanto desprecio a una tradición de cultura y de vivacidad turística que prometía unas perspectivas de cierta distinción social y urbana. Ahora se ha convertido en una de las ciudades más agresivamente feas de Cataluña y lo que queda del minúsculo centro histórico y los residuos de los testimonios de los años felices y prometedores no logra siquiera difundir un aliento de dignidad.

La desenfrenada suburbialización degradada del paisaje del entorno no creo que tenga ningún paralelo, aunque sea un fenómeno evidente también en todas nuestras ciudades, sobre todo los centros turísticos y balnearios. Pero no recuerdo en Palafrugell, en Sant Feliu de Guíxols, en Pineda, en Salou o en las playas decadentes de Castellón y Valencia un caso como el de Sitges, ni en la cantidad acumulada ni en la pésima calidad arquitectónica. Con un agravante: en la Blanca Subur, como se la llamaba antes, la arquitectura de los nuevos apartamentos -esos bloques construidos con material escatológico- ha invadido sus propios ensanches urbanos y ha convertido toda la ciudad en un suburbio centralizado, un catálogo comprimido de fealdades insanas, invivibles, una escenografía de la barbarie.

¿Quiénes pueden ser los culpables de este desastre? Ante todo, hay que acusar a los propietarios y promotores inmobiliarios y a sus arquitectos. Pero los promotores no han hecho más que apurar las ventajas económicas que les proporciona eso que se llama liberalismo y economía de mercado. Ya nos vamos acostumbrando a que la especulación -incluso la ilegal- sea aceptada sin principios morales como un mal indispensable para el pretendido enriquecimiento colectivo. Pero, en cambio, a los arquitectos ¿es que no vamos a exigirles unos principios éticos y una solvencia profesional? ¿Por qué se habrán acumulado tantos arquitectos inmorales en la bella geografía de Sitges, aquella en la que antes de la guerra artistas y burgueses ilustrados se habían esmerado tanto? Quedan los restos de la generación de Rusiñol y Utrillo, y también la escasa pero excelente presencia más reciente de Sert-Torres, Mitjans, Sostres, Coderch, Correa-Milá, perdida y mutilada entre basuras ignominiosas. ¿Quiénes son esos nuevos arquitectos desaprensivos? Habría que provocar la indignación popular -si es que el pueblo tiene todavía capacidad de indignarse- escribiendo en la fachada de cada casa y de cada bloque el nombre de su abominable autor.

Pero la responsabilidad de los arquitectos es incluso anecdótica al lado de la de los funcionarios y políticos municipales. He de suponer que cada edificio, cada nueva calle, cada urbanización, tiene una licencia oficial, porque no me atrevo a atribuir todos los desastres sólo a la desidia administrativa o a la corrupción. ¿Qué pensaban los arquitectos asesores del Ayuntamiento y los alcaldes elegidos democráticamente cuando firmaban licencias que inevitablemente comportaban la cancerización de su ciudad y de todos sus entornos? Una pequeña parte del desastre se puede atribuir a los alcaldes franquistas, que eran, públicamente, unos irresponsables. En cambio, a los demócratas, en cuyo ejercicio se ha producido la hecatombe, hay que acusarlos, sin duda, de mal gobierno. Si les preguntamos por qué lo permitieron, muchos de ellos nos darán respuestas encubridoras de diversas incapacidades inconfesables y quizá la única válida sea que la pésima financiación local, tan mal planeada por el Gobierno central y por el de la Generalitat, sólo se podía mejorar con el aumento indiscriminado de licencias de construcción en el ámbito del municipio, aunque fuesen abusivas e ilegales.

Y durante este tiempo, ¿cuál ha sido la función del Departamento de Política Territorial de la Generalitat, que al fin es la gran responsable del desastre, cometido en su mayor parte durante la democracia y la autonomía? Sólo puede haber tres escenarios posibles: que haya un plan general aprobado que permita esos desastres especulativos y, por lo tanto, sin posibilidad de corrección ni de reprimenda; que haya un plan aprobado por la Generalitat que no los permita y que el departamento haya sido incapaz de imponerlo y de evitar los abusos; que no haya ningún plan y que esté todo abandonado a la anarquía de los intereses privados. En el primer caso, se demostraría que los planes aprobados no sólo están equivocados, sino que son perniciosos y que el método de control es inadecuado. En el segundo, quedaría clara la grave incompetencia del departamento. Y en el tercero, reconoceríamos que la Generalitat, en materia de control urbano, es inservible. Pero creo que el escenario real es más complicado porque se alimenta de los tres: hay unos planes ya inicialmente mal hechos que se adaptan a ciertas exigencias de la especulación, hay modificaciones e interpretaciones de estos planes bajo las presiones sucesivas de los promotores, hay influencias que pueden interpretarse como corruptas, hay una ausencia total de vigilancia y de instrumentos de control a favor de un libertinaje interesado y, sobre todo, hay una incapacidad técnica o, por lo menos, unos graves errores metodológicos en toda la política del departamento. Es decir, hay una política de general consentimiento al asesinato urbano en favor de la voracidad de un capital que, además de inculto y antisocial, es sencillamente miserable. Ésa es la política que debe corresponder a los partidos profundamente de derechas.

Oriol Bohigas es arquitecto.