Aclaración

En relación con el editorial publicado por EL PAÍS el 17 de enero de 2003 titulado Prohibido protestar, y la información de la página 14 del mismo diario bajo el epígrafe 'Catástrofe ecológica: el vertido contamina los vertidos', en mi condición de secretario general del

Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias me dirijo a usted para hacer las siguientes aclaraciones:

El Sindicato de Funcionarios Manos Limpias no se autodenomina sindicato de funcionarios, es un sindicato de funcionarios legalmente constituido e inscrito en el registro de la Dirección General de Trabajo el 6-4-1995, BOE de 10 de mayo de 1995.

Dicho sindicato no es supuesto como ustedes dicen, es real, ni tampoco como ustedes afirman carece de representación en las instituciones. Actualmente, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid somos varios delegados sindicales. Es incierto que nuestras denuncias no sean admitidas a trámite. Por ejemplo, en este momento nuestros abogados han interpuesto contencioso-administrativo en el asunto de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, información que en su día sí fue correctamente reflejada por ustedes. El sindicato del cual soy secretario actúa siempre de acuerdo a los parámetros constitucionales y a sus valores superiores: justicia, libertad, igualdad y pluralismo político.

Hemos de recordar que, en un Estado de derecho, todos podemos ser denunciados y denunciantes. A tal efecto siempre tenemos en cuenta la frase pronunciada en su día por Antonio di Pietro, creador del movimiento Manos Limpias: "Ahí donde haya un delito tiene que haber alguien capaz de denunciarlo".