Desbarajuste generalizado

Han pasado estas semanas cosas políticamente muy raras. Una sola hubiera sido por sí misma sorprendente. Pero todas juntas configuran un panorama de desbarajuste político casi alarmante. Da toda la impresión de que en el sistema político español se están abriendo tantas grietas como en el casco del Prestige y que puede pasar casi cualquier cosa.

Repaso algunas. El Fiscal General del Estado ordena al Fiscal Jefe de Galicia que abra una investigación ante la denuncia formulada por un fantasmal sindicato, autodenomindado Manos Limpias, contra la plataforma Nunca Máis constituida a partir del hundimiento del Prestige. Xosé Cuiña, consejero de Obras Públicas de la Xunta de Galicia, ha tenido que presentar su dimisión, al haberse tenido conocimiento por información difundida por la Cadena SER, de que una empresa de su familia había intentado vender a sobreprecio material para combatir el chapapote. El Tribunal Constitucional ha dictado ¡en menos de un año! una sentencia mediante la que ha declarado anticonstitucionales los Presupuestos Vascos del 2002, al estimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra los mismos por el presidente del Gobierno. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha incumplido el plazo que él mismo se dio para poner por escrito su oferta sobre el subsidio agrario a los presidentes de las Comunidades Autónomas de Extremadura y Andalucía.

"Más grave ha sido lo del Constitucional. Se trata de uno de los casos de corrupción institucional más descarados"

Cualquiera de estas noticias por sí sola, como digo, es sorprendente. Que el Fiscal General del Estado actúe con la celeridad con que lo ha hecho contra una organización en la que se han integrado personalidades destacadísimas de la intelectualidad y la cultura gallegas, a partir de la denuncia de un personaje que nunca ha ocultado su ideología fascista y que se ha especializado en presentar denuncias contra todos y por todo, es un caso de sectarismo difícilmente imaginable en cualquier país democrático. Más todavía, cuando esa actuación del Fiscal General del Estado ha coincidido en el tiempo con el ataque a Nunca Máis por parte del vicepresidente primero del Gobierno. ¿Nadie en la Fiscalía ni en el Gobierno ha reparado en la imagen de subordinación de la primera al segundo y de vinculación tanto de la una como del otro con las tramas más negras que todavía subsisten en la sociedad española?

"Se va el caimán, pero se queda el cocodrilo", titulaba su columna en La Voz de Galicia el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, Roberto Blanco, en la que subrayaba que, lejos de resolver el problema de falta de credibilidad ante la sociedad y de crisis interna del PP, la dimisión de Cuiña las va a hacer todavía más visibles. El feudo político más antiguo y más seguro del PP se descompone políticamente y no hay en estos momentos nada que pueda descartarse.

Más grave ha sido lo del Tribunal Constitucional. Se trata, posiblemente, de uno de los casos de corrupción institucional más descarados desde la entrada en vigor de la Constitución. El Tribunal Constitucional está tardando siete u ocho años en resolver los recursos de inconstitucionalidad y, sin embargo, en este caso ha resuelto el recurso contra los Presupuestos Vascos de 2002 en menos de un año. Nadie podrá aportar la prueba de que ha habido un acuerdo entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional para hacer coincidir la fecha de la sentencia con la del debate y aprobación de los Presupuestos Vascos para 2003. Pero toda la apariencia conduce a esa conclusión. Y la apariencia, cuando de un Tribunal Constitucional se trata, es la realidad. No es la viceconsejera vasca la que tiene que suministrar la prueba de la connivencia entre Gobierno y Tribunal Constitucional, como pedía El Mundo ayer, es el Tribunal Constitucional el que tiene que demostrar que su actuación en este caso es consistente con lo que está haciendo en los demás recursos de inconstitucionalidad. Y eso no puede hacerlo. Toda la apariencia conduce a la conclusión de que se ha tratado de una "encerrona" al Gobierno Vasco urdida por el Gobierno de la Nación y el Tribunal Constitucional, que ha fracasado porque Mayor Oreja no cumplió la parte de su papel.

Y por último, el subsidio agrario. ¿Se imagina algún lector que un ministro federal alemán se hubiera comprometido con dos presidentes de dos Länder a presentarles una propuesta por escrito sobre una determinada materia en un plazo de diez días y que no la hubiera presentado? El mero interrogante es absurdo en un país europeo democráticamente normalizado. En Alemania sería un interrogante de política ficción, completamente inimaginable en la realidad.

Y, sin embargo, exactamente eso es lo que ha ocurrido y, en el momento en que escribo, sigue ocurriendo, sin que existan garantías de que va a dejar de ocurrir en los próximos días. Ayer mismo el presidente Chaves, en declaraciones ante los medios de comunicación en la Conferencia Autonómica del PSOE en Madrid, no sólo decía que no había recibido la propuesta del ministro Zaplana, sino que no sabía siquiera si la iba a recibir, aunque consideraba "lógico y prudente" que el ministro cumpliera su promesa.

No hay prácticamente ningún terreno, excepto en la reforma del Código Penal, en el que parezca que hay alguien que dirija la acción de gobierno. Lo único que el Gobierno está transmitiendo a la sociedad española es que cada vez va a haber más cárceles y cada vez vamos a tener más población carcelaria. En todo lo demás, el Gobierno ha dejado de tener una sola idea y de actuar de manera coherente. El desbarajuste empieza a extenderse territorial e institucionalmente. Y todavía queda por resolver la sucesión, esto es, más de un año de interinidad.