El coste de la inacción

La economía española ha cerrado 2002 con una tasa de inflación del 4%, el doble de lo previsto por el Gobierno. Mejor se ha comportado la inflación subyacente, que ha bajado tres décimas durante el año -del 3,8% en 2001 al 3,5%- y queda la sensación de que los precios han mejorado durante el segundo semestre del año. La inflación española debería ser en todo caso motivo grave de inquietud para el equipo económico, sobre todo a la vista de la contención de los precios en Alemania y Francia (1,1% y 2,2%, respectivamente) y de la desfavorable relación para los productos españoles. Pero de las declaraciones públicas realizadas ayer por el vicepresidente Rodrigo Rato se desprende que el Ejecutivo no está preocupado: "Las mayores preocupaciones de los europeos no están en torno a los precios en países como España, sino en torno al crecimiento y al empleo en otros países", dijo. ¿Quiere el señor Rato elaborar un ranking de males económicos o pretende que los ciudadanos españoles se preocupen sólo del desempleo en Alemania?

¿Por qué la inflación española es tan alta en relación con la europea? Una primera explicación es que la política monetaria fijada por el Banco Central Europeo (BCE) es demasiado laxa para las necesidades de la economía española: a España le favorecerían tipos de interés más elevados. La segunda razón, y desde luego la de mayor importancia, es que la política presupuestaria española es insuficiente para compensar la ausencia de un mayor rigor en el área euro. Las cifras de inflación en España demuestran que el déficit cero no tiene las propiedades terapéuticas que se le atribuyen desde los ministerios de Economía y Hacienda: ni garantiza más crecimiento ni previene la inflación. La política presupuestaria sólo podría tener hoy efectos antiinflacionistas si registrase un cuantioso superávit, prueba de que no debe reducirse a un ejercicio casero de contabilidad.

Las políticas de oferta y la rebaja fiscal contribuyen además a estimular las tensiones inflacionistas. Los mercados en España siguen funcionando con la misma rigidez que antes de las supuestas liberalizaciones del Gobierno; ninguna institución pública se responsabiliza de la correcta formación de los precios en las cadenas de distribución de los productos agrícolas, y, acuciado quizá por la merma de la recaudación en el IRPF, el Gobierno no se ha reprimido a la hora de elevar los impuestos indirectos (combustibles, tabaco), cuyos efectos inflacionistas son inmediatos y devastadores. Hoy, en enero de 2003, el Gobierno tiene pendiente articular una política antiinflacionista adecuada a las características especiales de la economía española. También la tenía pendiente hace un año y prefirió sentarse a ver pasar los acontecimientos. Cabe esperar que el mal resultado de 2002 en materia de inflación le anime a actuar en 2003.