El Plan Nacional contra el tabaco arranca con 3,6 millones de euros

El Plan Nacional para la Prevención del Tabaquismo que se aprobó ayer prohíbe la venta de tabaco a menores de 18 años y de cigarrillos sueltos; establece que en el 2003 no se podrá fumar en el 95% de los centros sanitarios, docentes y de la Administración y que en el 2005 al menos el 70% de las empresas garantizarán espacios sin humo. El Estado aportará 3,6 millones de euros para la puesta en marcha del Plan.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó ayer el Plan Nacional que recoge compromisos para prevenir la adicción al tabaco y favorecer el abandono de dicho hábito. En 2004 se deberán haber desarrollado normas contra el tabaco para los espacios públicos. El proyecto pretende además subir el precio de la cajetilla (que siempre será de 20 cigarros) y sacar este producto del cómputo del IPC. El humo será considerado agente carcinógeno, por lo tanto, las medidas irán encaminadas a proteger a la población (no se aceptarán estrategias de ventilación para evitar el tabaquismo involuntario). El objetivo es que en 2007 la población de fumadores entre 16 y 25 años disminuya a menos del 30% del total y la de ex fumadores sea inferior al 21% (en la actualidad es del 15%).

El plan insiste en que se cumplirá con rigor la normativa existente y se avanzará en otras, como, por ejemplo, en el aumento progresivo del número de establecimientos hosteleros con espacios diferenciados para no fumadores. Para ello se promoverán los cambios legislativos. Para potenciar los espacios sin humo se describirán y establecerán infracciones y su correspondiente sanción. Imposible es por ahora la prohibición total de las máquinas expendedoras, usadas por los menores para eludir la ley. El plan pretende que se ubiquen en lugares que permitan detectar quién es el que compra tabaco o dotarlas de nuevas tecnologías para que identifiquen la edad del comprador.

El capítulo menos preciso es el referido a los programas de ayudas para aquellas personas que quieran dejar de fumar, porque hay tratamientos que se muestran eficaces en porcentajes variables pero no están financiados por el sistema sanitario en el conjunto de las comunidades. El plan sólo dice que se abordará el tratamiento mediante su inclusión en las prestaciones sanitarias.

Las comunidades autónomas tendrán que ir incorporando la normativa para la prevención del tabaquismo e ir estableciendo sus propios calendarios para hacer firmes compromisos como el de prestar asistencia a las personas que desean dejar de fumar. Antes de finalizar 2003 todas las comunidades deberán contar con un plan de prevención y control del tabaquismo. El Ministerio les exige que destinen recursos humanos y financieros propios: al menos 25 céntimos por persona al año para la prevención del tabaquismo. La Administración central aportará un porcentaje por determinar de la recaudación por impuestos del tabaco.

Los socialistas detectaron ayer "cierto tufillo de chapuza" en el plan, según dijo la secretaria de Políticas Sociales del PSOE, Consuelo Rumí. Exigieron precisión sobre la financiación que llegará del Estado para este programa y que las medidas fiscales que se establezcan para aumentar el precio de la cajetilla "repercutan en la financiación de las comunidades autónomas".Más o menos preciso, más o menos ambicioso, los expertos consideran que el Plan Nacional para la Prevención del Tabaquismo impulsado por el Ministerio de Sanidad debe aprobarse. "Es un gran paso, se avanza en la prevención y sería un error que no saliera adelante", dijo ayer el presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, Joan Ramón Villalbí. Pero echan en falta un compromiso sobre financiación de los tratamientos antitabaco.

Las empresas tabacaleras aplauden la llegada de un Plan Nacional que establezca "un marco regulatorio claro, estable y de ámbito estatal". No así los estanqueros, quienes aseguran que es "totalmente incongruente" sacar el precio del tabaco del cálculo del IPC. Los Fumadores por la Tolerancia pidieron que sean los trabajadores y los empresarios los que regulen el consumo de tabaco en el ámbito laboral.