A la carga

Aznar precisó ayer algunas de las reformas penales que adelantó el ministro del Interior y que aprobará el Gobierno en su reunión del viernes. Será la contribución del Consejo de Ministros a la convención organizada por el PP para el fin de semana, a modo de inicio de la campaña electoral. El deterioro provocado por su gestión pasmada de la crisis del Prestige precipitó probablemente la presentación por parte del Gobierno, en navidades, de sus planes sobre terrorismo e inseguridad ciudadana. Pero ahora se ve que no era una improvisación, sino el eje de su propuesta electoral.

Buena parte de las reformas anunciadas en materia de seguridad son razonables. Responden a problemas reales detectados hace tiempo, como el aumento de la delincuencia y la multirreincidencia impune. Tan es así, que fue la oposición quien hace un año sorprendió al Gobierno situando ese tema entre sus prioridades sociales, con el argumento de que eran los sectores menos favorecidos -aquellos que no pueden costearse una seguridad privada- los más afectados por el incremento de la pequeña delincuencia. El Gobierno reaccionó negando los datos y estableciendo más tarde una relación casi automática entre el aumento de la delincuencia y la inmigración.

Está de más, por tanto, el tono agresivo empleado ayer por Aznar respecto a la oposición, a la que acusó de demagogia, juego sucio y de alegrarse por desastres y accidentes. Ha habido alguna salida de tono (como la de relacionar un accidente de tren con el déficit cero), pero nada comparable a las de Aznar cuando acusaba al Gobierno socialista de los atentados de ETA por el mal uso de los fondos reservados. Aprovechando que la presentación se realizaba en el Senado, Aznar arremetió también contra la falta de "idea de España" de los socialistas y les reprochó querer someter a las instituciones a "experimentos de mutación constitucional" con su propuesta de reforma de la Cámara alta. Justamente lo que proponía Aznar antes de su caída del caballo.

Si demagogia significa halagar los sentimientos primarios de la gente, la hay abundantemente en la política española, pero no sólo en la oposición. Ignorar las conexiones entre inmigración irregular y ciertas formas de delincuencia sería irresponsable, pero establecer una vinculación casi monocausal es demagógico. Los planteamientos del Gobierno caen de este último lado en algunos aspectos. La posibilidad de expulsar sin juicio a inmigrantes sin papeles acusados de delitos con penas inferiores a seis años plantea serios problemas jurídicos y morales. Pero al Gobierno lo único que le preocupa es sacárselos de encima. Ahora se entiende su respuesta frente a la objeción de que su reforma de la prisión provisional provocaría un aumento incontrolable de la población penal: su idea es expulsar a los pequeños delincuentes extranjeros presos para dejar sitio a los rateros españoles.