Los promotores inmobiliarios aplauden la iniciativa de Clos

El mundo económico aplaude la iniciativa de Joan Clos. "Por fin han escuchado nuestras súplicas", manifestó ayer Enric Reyna, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE). Los inmobiliarios esperan que el Ayuntamiento modifique la normativa sobre rehabilitación de viviendas antiguas, que introduzca bonificaciones en el impuesto sobre construcciones y que recorte las tasas para abaratar el precio final.

La APCE cierra filas en torno a su presidente. "Ya son muchos años pidiendo que se oferte suelo para romper la rigidez del mercado inmobiliario en Barcelona y el área metropolitana", explica el mismo Reyna. Entre los promotores y los constructores existe una diferencia únicamente formal. Son casi siempre -firmas conocidas, como Núñez y Navarro, La Llave de Oro, Habitat, Vallehermoso e Inmobiliaria Colonial, entre otras- una misma empresa dividida en dos funciones: construir bloques y vender pisos. La APCE estima que buena parte de la nueva oferta de pisos a precio moderado o destinados al alquiler podría salir de rehabilitación de zonas como el caso antiguo, los bucles menos promocionados del 22@ y de Sant Martí de Provençals, y la frontera entre Sants y L'Hospitalet. Los promotores esperan que con el cambio de normativas municipales mejoren las condiciones que impone el Ayuntamiento para rehabilitar edificios antiguos. "Así, en el Raval, por ejemplo, podrían aprovecharse casas medio vacías, que cuentan con cinco inquilinos, cuando existe más de una docena de pisos en el mismo inmueble", segú la APCE.

Con todo, la principal expectativa de los inmobiliarios está centrada en los aspectos fiscales. En la actualidad, los promotores soportan el coste de más de diez cargas impositivas -entre tasas municipales, impuestos locales, autonómicos y estatales- desde el momento en que adquieren un solar para construir viviendas hasta la llegada del comprador final. Cuando una empresa inmobiliaria adquiere un solar paga el 16% de IVA, el 1% de actos jurídicos documentados (impuesto autonómico), el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y el IAE correspondiente, ya que su inversión supera siempre el millón de euros. Al empezar la construcción ha de hacer frente al impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras, que en Barcelona y su área metropolitana alcanza aproximadamente el 3%. Este pago va acompañado de la tasa por servicios urbanísticos -también de carácter local-, de otro 3%. La obtención de la licencia de obra nueva exige entonces el 1% en concepto de actos jurídicos documentados. Al finalizar la obra, el constructor vende los pisos, obtiene un beneficio industrial y ha de aplicar a este excedente la parte correspondiente de su impuesto de sociedades (impuesto directo estatal), que grava el 35% de sus beneficios.

En la venta del piso interviene nuevamente el IVA, esta vez a cargo del comprador final, el ciudadano, con un peso del 7% sobre el precio de mercado. Y también de nuevo aparece el consabido 1% de actos jurídicos documentados, en este caso a cargo del comprador.

El sector inmobiliario y el Ayuntamiento han acercado ahora los intererses públicos y privados con un acuerdo de principio que podría suponer bonificaciones, tanto del impuesto sobre construcciones como las tasas municipales. La expectativa en el sector coincide con los borradores que se manejan en el ámbito municipal sobre futuras modificaciones fiscales previstas para las próximas ordenanzas municipales, que se aprobarán en el mes de marzo. Los expertos consultados consideran que la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de la nueva Ley de Financiación de las Corporaciones Locales posibilita "introducir bonificaciones en el impuesto sobre construcciones", explica Valentí Pich, economista y presidente del Registro de Economistas y Asesores Financieros (REAF).

Con la nueva ley de financiación, pocos meses después que la supresión del IAE -para las operaciones inferiores a un millón de euros- provocara un enfrentamiento entre los municipios y el Gobierno, las administraciones locales ganan margen de discrecionalidad. Podrán mejorar la eficiencia tributaria y, paralelamente, reducir la presión fiscal.