Puig sostiene que la Sindicatura eleva el déficit de 2001 a 2.045 millones
Una atenta lectura del informe de fiscalización de las cuentas de 2001 elaborado por la Sindicatura de Comptes revela que el presupuesto de la Generalitat se cerró con un déficit real de 2.045 millones de euros, según los datos recabados por el Grupo Parlamentario Socialista y presentados ayer por su portavoz, Joaquim Puig.
El pleno del Consell aprobó en su día la liquidación de 2001 con un déficit de apenas 35,5 millones de euros. Tal desfase se atribuyó, además, a pagos anticipados por la Generalitat con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea que se recibían con retraso.
El Síndic de Comptes, sin embargo, señala que al cierre de 2001 se habían dejado de contabilizar gastos por valor de 750 millones de euros. Es decir, en los cajones de distintos departamentos de la Generalitat se acumulaban facturas que nadie quiso afrontar y que sumaban esa cantidad. El cambio de modelo introducido por Hacienda para adaptar la contabilidad de la Generalitat en 2001 al sistema utilizado por el Estado no impidió que se contabilizarán a final del ejercicio ingresos pendientes de cobro por valor 79,4 millones de euros soportados como derechos definidos. El Síndic señala que "su inclusión en el resultado presupuestario comporta una divergencia respecto a lo criterios establecidos por los principios contables públicos de general aceptación", es decir, no se sostienen.
Más grave resulta el comentario del Síndic en torno a la efectiva contabilización como ingresos pendientes de cobro de facturas que suman 565 millones de euros calificadas como derechos reconocidos, es decir, asumidas por los acreedores. El Síndic, sin embargo, considera que el 71% de tales facturas carecen de soporte, es decir, no han sido asumidas por los acreedores. Más aún, en muchos casos, indica el Síndic, "no existe una cuantificación que evidencia la existencia de un valor cierto o determinado" de cada facturas.
Tampoco es aceptable, señala el Síndic, mantener vivos como ingresos pendientes derechos definidos arrastrados de ejercicios anteriores que suman la friolera de 1.179 millones de euros. Por la sencilla razón de que la nueva contabilidad no admite semejante figura.
La suma de tales partidas arroja un desfase presupuestario real que se eleva a 2.045 millones de euros muy alejada de los 35,5 millones reconocidos oficialmente.
El portavoz socialista exigió la inmediata comparecencia de Vicente Rambla, consejero de Hacienda, ante el pleno de las Cortes para aclarar la situación y despejar las dudas sobre la solvencia financiera de la Generalitat. Rambla remitió ayer una solicitud de comparecencia, ante la comisión correspondiente, para salir al paso de la situación.
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