El Gobierno alega ahora "cuestiones técnicas" para negar el pago global de la liquidación presupuestaria

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, insistió ayer en la tesis del Ejecutivo de mantener su "oferta de permanente diálogo", tras la ruptura de las negociaciones con la Junta sobre cómo saldar las pérdidas por el anterior modelo de financiación (1997-2001) y los traspasos pendientes. Pero dejó claro que el Gobierno no piensa ceder un milímetro. Zoido aseguró que el Ejecutivo "sólo puede pagar" este año los 90 millones de la liquidación del 2% de los fondos presupuestados para Andalucía en 1997, tal y como ya indica un fallo judicial favorable a la Junta. Mantuvo que "cuestiones técnicas" impiden hacer lo mismo con el 2% retenido entre 1998 y 2000 al no existir sentencias judiciales sobre esos años.

La Audiencia Nacional falló en julio que la decisión del Gobierno de retener el 2% de los fondos presupuestados para Andalucía en 1997 era "nula", por lo que debía hacer frente a la liquidación de esa cantidad. La sentencia favorable a la Junta forzó un proceso negociador entre ambas Administraciones, ya que hay recursos similares planteados para los años 1998, 1999 y 2000 (el Gobierno puede pagar aún la liquidación de 2001) en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuya primera decisión sobre el caso de 1997 fue recurrida a la Audiencia Nacional por el Ejecutivo central.

Además de la liquidación presupuestaria, ambas Administraciones también incluyeron en la negociación los traspasos pendientes y el contencioso global sobre el anterior modelo de financiación, recurrido repetidamente por la Junta ante el Constitucional por no haber actualizado el censo de población (se usó el de 1988), que es la principal variable al calcular los fondos para las autonomías. La negociación saltó por los aires el pasado día 30, cuando ambas partes daban por descontado el acuerdo.

"No nos consideramos responsables de la ruptura de las negociaciones, es falso que hayamos llevado a engaño a la Junta", afirmó ayer el delegado del Gobierno en Andalucía en conferencia de prensa. Y reiteró la línea iniciada el viernes por el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, y la presidenta regional del PP, Teófila Martínez, que insistieron en ofrecer "diálogo". "Aún es posible llegar próximamente a acuerdos, en el mismo mes de enero", aseguró Zoido.

El delegado del Gobierno sí fue mucho más preciso que Arenas y Martínez al explicar la posición de la Administración central en la última reunión, el día 30, con el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y la titular de Economía, Magdalena Álvarez, encuentro en el que Zoido dijo haber estado presente.

El Gobierno ofreció retirar el recurso que interpuso el día 20 (fecha límite para hacerlo) ante el Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón a la Junta en la liquidación del 2% de 1997. "Y pagar inmediatamente la cantidad de ese año", unos 90 millones de euros. Para el resto de liquidaciones pendientes (1998, 1999 y 2000, unos 353 millones), la Administración central sólo ofreció pagar cuando haya nuevas sentencias sobre esos años del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Nos comprometíamos a acatar lo que se dijera en primera instancia y no seguir recurriendo", precisó Zoido.

La oferta final del Gobierno se quedó muy lejos de las pretensiones de la Junta, que, con los argumentos jurídicos a su favor, quería pactar un calendario para cobrar las liquidaciones pendientes. "Esperar a más sentencias no es ninguna negociación", sostuvo Álvarez el pasado jueves. La consejera de Economía aseguró que en reuniones previas con el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, la discusión se centró en si hacer ese pago global "en tres años o en cuatro".

Zoido, sin embargo, mantuvo ayer que la última oferta de la Administración central se debe a que ahora es "técnicamente imposible" pagar las liquidaciones entre 1998 y 2000. El delegado del Gobierno aseguró que, mientras la Junta tenga recurrido el anterior modelo de financiación ante el Constitucional, el Ejecutivo "no puede" pagar la liquidación presupuestaria sin una sentencia que así lo indique. Frente a esta explicación, en una carta fechada el día 20, el secretario de Estado de Organización Territorial mantenía que el pago se podía hacer "año a año" sin hacer mención a la necesidad de sentencia alguna.

El delegado de Gobierno condicionó la posibilidad de un acuerdo global a la retirada de los recursos de la Junta ante el Constitucional, pese a que esa cuestión quedó aparcada en la negociación entre ambas Administraciones. El Gobierno ya llegó a un acuerdo global de este tipo con Extremadura y Castilla-La Mancha, las otras comunidades que estaban fuera del modelo anterior. Álvarez dio por bueno firmar un acuerdo similar, con un coste total de 2.400 millones de euros (por la actualización del censo), cifra que Zoido no quiso comentar por no "agravar el conflicto institucional".

Sobre el traspaso de las políticas activas de empleo, el delegado de Gobierno también dejó claro que no habrá cambios sobre la última oferta. "Si se quería firmar el día 31 de enero, es imposible hacer efectivo el traspaso antes del 1 de mayo, con una cogestión desde marzo", aseguró Zoido. La Junta quería que la transferencia fuese efectiva desde este mes.