El callejón venezolano

Venezuela se ha metido en un callejón que se estrecha peligrosamente y del que necesita salir con urgencia. Pero la salida puede determinar el futuro de la propia democracia venezolana. Ha de ser a través de un proceso democrático, en las urnas. La oposición ha paralizado el país desde hace más de un mes con la huelga y las manifestaciones, especialmente después de que se sumara al paro el eslabón débil del régimen chavista, la empresa nacional Petróleos de Venezuela (PDVSA), que aporta al Estado la mitad de los ingresos públicos. Probablemente Hugo Chávez, que llegó al poder cabalgando sobre denuncias de corrupción y que ha acabado amparándola, no pensaba que la protesta llegaría tan lejos. Ni creía la oposición, carente de un liderazgo sólido, que Chávez resistiría tanto, ni que intentaría presentar la huelga general como un cierre patronal, cuando Venezuela no está viviendo un enfrentamiento entre clases sociales, sino entre concepciones políticas.

La clave de que el enfrentamiento civil no haya degenerado aún más la han tenido, y la tienen, los militares, que hasta ahora han rehusado involucrarse en un golpe de Estado. Por razones opuestas, Chávez y una parte de la oposición posiblemente lo desearían. El presidente ha hecho gestos para incitarlo y poder así replicar. Pero en democracia el poder no se utiliza sacando tropas a la calle, sino evitando sacarlas. El centenar largo de militares que se han declarado en rebeldía en la plaza de Altamira de Caracas han arriesgado su libertad -como demuestra el encarcelamiento del general Carlos Alfonso Martínez- para expresar su protesta contra el régimen chavista, pero a la vez han abogado por una salida democrática.

Ésta podría ser la convocatoria de elecciones anticipadas, o de un referéndum consultivo sobre la gestión de Chávez, como posibilita la Constitución. Esperar al refrendo revocatorio a mitad de mandato, fórmula contemplada por la Constitución bolivariana, podría agravar la actual tensión. De entrada, no está claro que esa cita pudiera celebrarse en agosto, dado que el mandato del presidente alcanza hasta febrero de 2007, según resolución del Tribunal Supremo. Para revocarlo, los votos contrarios deberían superar a los que Chávez consiguió en la elección presidencial. De ahí que la oposición prefiera eludir este procedimiento y proponga para febrero un referéndum consultivo, aceptado por todos los actores del conflicto.

Debidamente supervisado por la Organización de Estados Americanos (OEA), esta consulta podría ser, en las circunstancias anómalas que vive Venezuela, un termómetro para medir si Chávez sigue o no contando con el apoyo popular que dice tener. Los renovados esfuerzos de la mediación internacional que dirige el secretario general de la OEA, César Gaviria, a los que deberían sumarse otros, han de encaminarse hacia un pacto para que vuelvan a hablar las urnas.

De no encontrar la salida, la factura será elevada no sólo para Venezuela y sus ciudadanos, sino también para EE UU, que se había despreocupado de esta parte de las Américas, y para el resto del mundo. Si el quinto productor mundial de petróleo no recupera su producción -para lo que tardará bastante más de los 45 días prometidos por Chávez-, y a ello se suma la incertidumbre de una guerra cada vez más probable contra Irak, todas las economías pueden sufrir con un aumento incontrolado del precio del petróleo. Las consecuencias de la crisis venezolana no son sólo para Venezuela.