Subidas de enero

Los recibos de la luz, el gas, el teléfono, Correos, los transportes públicos o los peajes de autopistas han estrenado el año con subidas que contribuirán a reducir la renta disponible de los españoles, como lo vienen haciendo desde hace tiempo los precios de otros bienes y servicios no sujetos, como éstos, a autorización gubernamental. El automatismo de esa revisión al alza de los precios de algunos servicios esenciales y de algunas tasas e impuestos es, ante todo, la directa consecuencia de la incapacidad mostrada en los últimos años para controlar la tasa de inflación de nuestra economía, un factor que merma su competitividad y agrava la incertidumbre con que se inicia el nuevo año respecto a las posibilidades de crecimiento y creación de empleo.

Los consumidores se van a encontrar con que el recibo de la luz subirá este año y durante los siete siguientes, se supone que a cambio de una liberalización del mercado eléctrico. Pero la libertad de elegir compañía suministradora, reconocida por uno de los decretos aprobados, es una mera entelequia legal, puesto que los suministradores son los mismos que existen actualmente, las empresas no han preparado ofertas ventajosas para captar clientes de sus teóricas competidoras y el usuario, si quiere cambiar, tendrá que hacer frente a costes elevados de probable efecto disuasorio, como la sustitución del contador. La liberalización eléctrica puede convertirse así en papel mojado.

En cuanto a la telefonía, la trampa es que los precios por su uso bajan, pero la cuota de abono sube un 8,6%. El precio de algunos transportes públicos aumenta por encima de la inflación prevista. El 2% de objetivo máximo de inflación mantenido por el Banco Central Europeo se asume como hipótesis oficial para 2003 en nuestro país, pero nuevamente las desviaciones terminarán por provocar revisiones sobre precios, gasto público y rentas. El IPC de 2002 quedará probablemente en torno al 4%, igual que en 2001, cuando la economía crecía significativamente más que ahora.

El impacto será indudablemente mayor en las personas con rentas más bajas y con menor capacidad para negociar su revisión. Algunas de ellas podrán compensar esa erosión mediante menores tarifas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, tras la entrada en vigor de la última reforma. A partir de febrero las retenciones serán inferiores, aproximadamente en una media del 11%, a las del año anterior, medida consecuente con la reducción de la tarifa, del 48% actual al 45% en el tipo máximo, y desde el 18% al 15% en el mínimo. También se reducen las retenciones sobre plusvalías y por rendimientos del capital mobiliario, desde el 18% al 15%.

Estos cambios reducirán la generación de ingresos públicos, sin que esta merma se vea compensada por una poco probable mayor actividad económica. El Gobierno, una vez más, ha tratado de anteponer la rentabilidad electoral de sus decisiones a las verdaderas necesidades económicas del país. Y la primera exigencia de la política económica hoy es frenar esas indomables tensiones inflacionistas que nos distancian de nuestros socios europeos, reproduciendo un patrón de crecimiento cada vez más alejado del propio de una economía avanzada. El fortalecimiento de nuestra base de capital -la intensificación de la inversión pública y privada- es la otra asignatura pendiente de la economía española. Lejos de ser incompatibles, el aumento de la capitalización y la lucha contra la inflación deben ir de la mano.