El Gobierno ve útil ampliar hasta final de 2003 el doble etiquetado en euros y pesetas
Tras cumplirse el primer aniversario de la implantación física de la moneda única europea, continúa la polémica sobre el efecto alcista que el euro ha producido en los precios. El secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, se refirió el pasado martes a la conveniencia de mantener durante todo el 2003 el doble etiquetado (pesetas y euros), pese a que la Comisión Europea recomienda que a partir del próximo mes de julio los precios sólo aparezcan en euros. Portugal ya ha decidido ampliarlo, por ejemplo
De Guindos apuntó que el efecto del redondeo se ha producido sobre todo en sectores de ocio, bares, restaurantes y hostelería, y cifró en dos décimas su repercusión en el índice de precios al consumo (IPC). El secretario de Estado de Economía explicó que la subida de precios viene motivada por lo complicado que es el tipo de cambio en nuestro país, que dificulta comparar los precios en euros. Eso sí, consideró muy positiva su implantación por cuanto ha permitido "capear" de forma "muy positiva" un año de desaceleración económica.
La dificultad del cambio establecido (166,386 pesetas por euro) explica que el 40% de los españoles sólo sabe calcular en pesetas, según los datos facilitados recientemente por el Banco de España.
Quejas de los consumidores
Los beneficiosos efectos que el Gobierno atribuye al euro en cuanto a la estabilidad en un momento de desaceleración económica no es compartida por todos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cree que el Gobierno ha reaccionado tarde ante la inflación provocada por el redondeo en los productos de la cesta de la compra. De ahí, la campaña publicitaria (50 euros no son 5.000 pesestas) "es un reconocimiento de culpa de algo que se tenía que haber hecho en su momento", señala la OCU.
Otras organizaciones de consumidores, como Ceaccu o Cecu, ven también con preocupación la evolución de los precios durante 2002 y su continuación en el ejercicio recién estrenado, debido a la subida en distintos servicios tarifarios como la luz, el teléfono, transportes públicos o peaje de autopistas. Sindicatos y partidos políticos de la oposición se han sumado en los últimos días a estas críticas.
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