Guatemala, paraíso de la impunidad

Tres años después de haber llegado al poder con el respaldo de 1,2 millones de votos, un 25% del censo electoral en este país de 11 millones de habitantes, el Gobierno, presidido por Alfonso Portillo pero dirigido desde el Congreso por el ex dictador Efraín Ríos Montt, se encuentra acorralado por los casos de corrupción e impunidad. Guatemala se halla asimismo bajo la presión directa de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón -principales clientes y donantes- para corregir el rumbo y con el riesgo de perder programas de ayuda y el trato preferencial en los mercados para los productos guatemaltecos.

Los escándalos de malos manejos aireados por la prensa guatemalteca superan ya los 3.000 millones de quetzales (unos 375 millones de dólares), en un país donde un 80% de sus habitantes vive bajo la línea de la pobreza y de éstos seis de cada 10, con menos de un euro al día. Ni un solo funcionario, normalmente jerarcas del partido oficial o amigos, se encuentra en prisión.

La sordera de los gobernantes ante el clamor popular y la impotencia de los guatemaltecos para poner fin a esta situación anómala hartó a la comunidad internacional. Agotado el lenguaje diplomático, Estados Unidos envió mensajes más fuertes, como la retirada del visado a funcionarios y militares de alto rango en situación de retiro, pero que son quienes verdaderamente mandan en el país. Todos tienen, como factor común, su cercanía con el mandatario o su adhesión incondicional a Ríos Montt. El mensaje no caló lo suficiente.

Contrabando y crimen

Ante ello, el Departamento de Estado norteamericano pasó a las acusaciones directas. En una de las audiencias del Senado, previas al nombramiento de John Hamilton como embajador en Guatemala, el entonces secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Otto Reich, puso el dedo en la llaga: "Las decisiones políticas del Gobierno del presidente, Alfonso Portillo, están directamente influidas por el contrabando y el crimen organizado", dijo.

Lejos de poner atención a un señalamiento tan directo, el riosmonttismo reaccionó de acuerdo a su forma de operar desde que llegó al poder. Organizó un sainete para desviar la atención y llegó a llamar a consultas al entonces embajador en Washington, en un intento vano por aminorar la presión, con el objetivo de que las cosas siguieran igual.

Pero la paciencia norteamericana se ha colmado y, en el marco de su guerra contra el terrorismo, no está dispuesto a tolerar desórdenes en su patio trasero. Para exigir acciones concretas contra el narcotráfico, el contrabando de personas y el uso inadecuado de recursos públicos, envió a Dan Fisk, alto cargo del Departamento de Estado, quien tuvo que sufrir un desplante del presidente Portillo y ser atendido por el vicepresidente, Francisco Reyes. Según la prensa local, el disgusto del enviado de Washington llegó al extremo de perder la compostura y en una reunión con los embajadores europeos, pedir la mayor dureza en contra de la troika Portillo-Ríos-Reyes.

En cualquier caso, varios embajadores europeos han señalado la necesidad de que el Gobierno guatemalteco pase de las palabras a los hechos y empiece a demostrar su voluntad de poner fin a la impunidad. La misma Misión de Naciones Unidas para Guatemala ha reiterado su preocupación por la falta de castigo al crimen y el estado de indefensión que afecta a los operadores de justicia, víctimas de amenazas, cuando no de atentados en contra de su vida o la integridad física de sus familiares.

Los militares, que desde la sombra siguen mandando en Guatemala, no están al margen de los casos de corrupción y han creado un poder paralelo que les permite, amén de utilizar toda la estructura del Estado para sus negocios, asegurarse la impunidad.

En un informe especial publicado a mediados de noviembre, el matutino local El Periódico, desveló cómo un grupo de uniformados ha creado un poder paralelo, que se inició en 1970 en el marco de la guerra civil que a lo largo de 36 años (1960-1996) ensangrentó el suelo guatemalteco. La organización nació al amparo del Ministerio de Hacienda, teóricamente para controlar el tráfico de armas destinado a la guerrilla.