El Estado ausente

En la memoria de los gallegos están anclados los seis gravísimos accidentes ocurridos frente a sus costas en los últimos años: Polycomander (1970), Urquiola (1976), Andros Patria (1979), Cason (1988), Aegian Sea (1992) y ahora el Prestige. Tuvieron los efectos de grandes catástrofes naturales, pero sus causas últimas no tienen un carácter natural, sino político. Fueron sentidos como agresiones en las que la ausencia de la protección que le corresponde dar al Estado español confluyó con los intereses sin control de las compañías especulativas y las mafias que, dominando el tráfico marítimo internacional y toleradas por los Estados, desprecian las consecuencias de los accidentes causados por su acción voraz sobre la naturaleza y las sociedades potencialmente afectadas. Una ausencia la del Estado que resulta tanto más culpable cuanto que Galicia es, sin duda, el país del mundo más afectado por este tipo de catástrofes.

Las decisiones del Gobierno fueron las más negativas que se pudieron haber realizado

La 'legislación Erika', pasados tres años desde el accidente, aún no está siendo aplicada

Frente a las costas gallegas, a 25 millas de Fisterra, pasan anualmente 45.000 navíos mercantes -123 cada día-, de los cuales 5.850 transportan mercancías peligrosas, sin que en ellas exista ni una policía del corredor marítimo, ni sistemas y medios de prevención o de tratamiento de los accidentes, ni protocolos conocidos de las decisiones a tomar por las autoridades públicas cuando se producen. A pesar de la dimensión y el carácter de ese tráfico, con la catástrofe en casa, el Estado español no tomó decisiones tendentes a remediar la irresponsable desprotección que sufre una costa tan singular y sensible, ni promovió en la UE un cambio de la política y la legislación que, atendiendo a toda Europa, tuviese en cuenta la singularidad de Galicia. No lo hizo a pesar de que las fuerzas políticas y sociales gallegas no enfeudadas con el poder del Estado lo demandaron durante años de forma continua e ininterrumpida.

Ni el Estado español ni la Unión Europea siguieron el ejemplo de EE UU, que modificó de inmediato su legislación cuado se produjo el accidente del Exxon Valdez en Alaska en 1990, endureciendo radicalmente las condiciones de seguridad y las garantías exigidas a los navíos y a las compañías implicadas. La Unión Europea no reaccionó en 1992 con el accidente del Aegen Sea en A Coruña, sino que se vio forzada a hacerlo únicamente cuando se produjo el accidente del Erika frente a Bretaña, respondiendo a las demandas del Estado francés.

Mas, aun así, la legislación derivada del accidente del Erika nació herida, limitada en su alcance y dilatada por décadas en su aplicación total. La acción directa, las resistencias y la pasividad de Estados europeos cuyas compañías que dominan el tráfico de petróleo y sus derivados son propietarias reales de la mayor parte de los navíos que circulan bajo pabellones de conveniencia o que están influidos por el oscuro mundo de los intereses de un capitalismo de rapiña que actúa en un espacio internacional sin ley, impidieron la formulación y la aplicación inmediata de medidas capaces de impedir o dificultar decisivamente los accidentes o sus efectos desastrosos. Pueden no ser ajenos a todo esto intereses y compañías del Estado español que aparecen relacionados con sociedades fletadoras del Prestige, solicitudes de indultos presidenciales en EE UU, cacerías de fin de semana o bodas en la sierra.

La legislación que se elaboró a raíz del desastre del Erika -que afecta a las condiciones técnicas de los navíos, con la imposición del doble casco, sujeto en realidad su cumplimiento a un dilatadísimo calendario temporal, a las inspecciones y controles en los puertos, a las sociedades de clasificación, al establecimiento de un fondo de compensación, insuficiente y no exigible además directamente a los armadores responsables, o a la creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima- quedó muy distante de las exigencias de la Oil Pollution Act de 1990 de EE UU, que estableció la obligación del doble casco y una garantía de 1.000 millones de dólares a las compañías responsables, posibilitando la exigencia de 4.004 millones de dólares de responsabilidad civil a Exxon Mobil, cifra que no tiene parangón con las cantidades comparativamente raquíticas que están siendo consideradas por la Unión Europea o el Estado español para compensar a Galicia, y ahora también a Asturias, Cantabria y Euskadi.

Siendo ya insuficiente en la formulación inicial de la Comisión, la legislación Erika fue diluida por el Parlamento Europeo y por el Consejo, y pasados tres años desde el accidente en Bretaña aún no está siendo aplicada. Tanto es así que el accidente del Prestige pudo no haberse producido si el Parlamento Europeo, bajo propuesta de un ponente del Partido Popular Europeo, y el Consejo de la UE, en el que se sientan ministros del Gobierno del Estado español, no hubieran modificado la propuesta de la Comisión que determinaba que no pudiesen acceder a aguas de la Unión los navíos de casco simple de más de 23 años, decisión que hubiera afectado directamente a ese petrolero, que había sido construido en Japón en 1976.

En este negativo contexto político, las decisiones que tomaron el Gobierno del Estado y el Gobierno gallego en el momento en que ocurrió el accidente del Prestige fueron las más negativas que se pudieran haber realizado. Nunca, que se sepa, un accidente de este tipo había afectado de golpe a 2.000 kilómetros de costa.

Las irresponsables decisiones tomadas, la negación de su gravedad, la increíble inserción inicial del accidente en las obsesiones políticas gibraltareñas de Aznar, el desprecio de la oposición política, la voluntad inicial de impedir la acción directa de los municipios o de la sociedad civil, la gallega y la admirablemente solidaria de otros pueblos, fueron consecuencia de la conciencia culpable de la carencia por parte del Estado de sistemas de prevención o de acción frente a una catástrofe anunciada: queriendo negar el problema lo agrandaron hasta límites inauditos. Pretendieron ocultar el cuerpo del delito sin tener en cuenta que el mar siempre devuelve los cadáveres. Por eso, después de sufrirlo repetidamente, y mientras se sustituye su ausencia con las manos y el corazón, es natural que el pueblo gallego se pregunte para qué le sirve este Estado.

Camilo Nogueira es diputado del BNG en el Parlamento Europeo.