El Gobierno subvencionará la adopción y la reproducción asistida

El Gobierno catalán remitió ayer al Parlament el proyecto de ley de apoyo a las familias, un texto en el que agrupa todos los incentivos ya existentes -como el pago de 525 euros por hijo menor de tres años- y añade nuevas medidas, como ayudas a la adopción y a la reproducción asistida. El proyecto prevé doblar en tres años el dinero público que se destinará a apoyar a las familias hasta alcanzar los 1.000 millones de euros anuales en 2006. A pesar de que la ley era una de las promesas emblemáticas de CiU, el Ejecutivo ha esperado a la recta final de la legislatura para impulsarla, con lo que su aplicación real será responsabilidad del Gobierno que surja tras las próximas elecciones.

El conseller en cap, Artur Mas, acompañó ayer a la consejera de Bienestar y Familia, Irene Rigau, en la presentación pública del proyecto para reforzar la importancia política que el Gobierno concede a esta iniciativa, cuya aprobación definitiva depende ahora del Parlament. Mas consideró que la familia "es el núcleo social sobre el que pivotará gran parte del bienestar de las personas en el futuro" y aseguró que el proyecto combina recetas clásicas tanto de la derecha como de la izquierda.

El texto agrupa de forma exhaustiva toda medida ya vigente que el Gobierno ve relacionado de alguna forma con las familias. Por ejemplo, incluye el impulso de la creación de 30.000 plazas de guarderías que el Ejecutivo adoptó solemnemente en el Parlament hace casi tres años y que en la práctica ha consistido en subvencionar las plazas que crean los ayuntamientos.

Ambos consejeros mostraron su satisfacción porque la Generalitat ha sido "pionera" en elaborar una ley específica de apoyo a las familias, que consolida como derechos de los ciudadanos algunas medidas que hasta ahora eran de aplicación discrecional del Gobierno.

Las medidas novedosas, no obstante, no se aplicarán hasta el año que viene y la responsabilidad presupuestaria recaerá, por tanto, sobre el Ejecutivo que se forme tras los comicios autonómicos, previstos para el próximo otoño. La mayoría de ellas están apuntadas en la ley, pero su concreción queda sujeta a su futuro desarrollo reglamentario.

Según la previsión del conseller en cap, más de 400.000 familias se beneficiarán en 2006 de algún tipo de ayuda pública, el doble que en la actualidad. El presupuesto público destinado a la ayuda a la familia también se doblará en tres años hasta alcanzar los 1.000 millones de euros anuales. Algunas de las medidas que incluye el proyecto de ley que el Ejecutivo ha remitido al Parlament son las siguientes:

- Pago por hijo. La ley consolida la ayuda ya incluida en los presupuestos para 2003 de 525 euros anuales por cada hijo menor de tres años y de 600 euros por hijo menor de seis años en el caso de las familias numerosas. El pago se realizará a todas las familias por igual, con independencia de sus ingresos económicos.

- Partos múltiples. El Gobierno otorgará un pago único por cada parto múltiple, en función del número de hijos que nazcan. La cuantía queda pendiente del reglamanto.

- Adopción. Las familias que adopten o acojan a un menor podrán percibir una ayuda equivalente hasta el 50% de los trámites necesarios. Su desarrollo queda también a expensas del correspondiente reglamento, pero la ley establece que la ayuda no será en este caso universal, sino en función de los ingresos.

- Reproducción asistida. A los usuarios de los centros públicos, que tienen listas de espera de hasta cinco años, se les subvencionará parte de los desplazamientos y de la estancia. A los usuarios de la red privada, la Generalitat les costeará una parte del tratamiento.

- Malos tratos. El proyecto considera que las víctimas de violencia doméstica "tienen derecho a acceder a un servicio de residencia temporal fuera del domicilio habitual" y deja el desarrollo para un futuro reglamento. Actualmente, Cataluña es la comunidad autónoma con menos plazas para acoger a mujeres maltratadas.

- Pensiones alimentarias. Se constituirá un fondo de garantía para afrontar los impagos de pensiones alimentarias cuando exista "una situación de precariedad económica con riesgo de exclusión social".