Portugal pretende eliminar 40.000 empleos públicos en los próximos cuatro años

El recorte de empleo público es uno de los objetivos más polémicos del nuevo Plan de Estabilidad y Crecimiento presentado por el Gobierno portugués para el periodo 2003-2006. Portugal, que fue el primer país de la eurozona contra el que se abrió un procedimiento por déficit excesivo (llegó al 4,1% en 2001, rebasando el límite del 3% fijado por Bruselas), pretende llegar a 2006 con un déficit del 0,5% del PIB. Para ello, eliminará 40.000 empleos públicos mediante una "fuerte contención de contrataciones". El Ejecutivo planea además recortar el gasto en Educación y Sanidad.

Reducir el número de funcionarios en cerca de 40.000 en un periodo de cuatro años puede que no sea el objetivo más difícil del Plan de Estabilidad y Crecimiento Nacional (PECN), pero sin duda, va a ser uno de los más polémicos.

Con esta medida, el Gobierno de Lisboa pretende satisfacer las recomendaciones hechas por la Comisión Europea de corregir la situación de déficit excesivo que fue ya verificada en 2001 (con un déficit del 4,1% del PIB), y alcanzar una meta del 0,5% para 2006.

El Plan prevé una reducción del empleo en la Administración Pública a un ritmo medio del 1,5% anual, hasta 2006. En Portugal existen, según datos de final de año, 700.000 funcionarios públicos, con lo que la reducción supone en la práctica la supresión de 41.064 puestos de trabajo en los próximos cuatro años.

El volumen del gasto público (representa un 46,6% del PIB) es considerado por el Ejecutivo como uno de los principales factores que restringen el crecimiento económico del país. El objetivo del Gobierno de centro-derecha de José Manuel Durão Barroso, es reducirlo en un punto porcentual al año, hasta llegar al 43,5% del PIB en 2006, conteniendo el gasto en personal, pero también congelando algunas partidas de Sanidad y Educación.

El Gobierno portugués se compromete a reducir el número de trabajadores públicos a través de una "fuerte contención de contrataciones" que será acompañada por una fuerte "moderación salarial" y una revisión del régimen de evaluación del rendimiento laboral. De la progresión automática en la carrera funcionarial se irá adoptando progresivamente un sistema de promociones por méritos. Se pretende alterar así, aunque de forma contenida, un régimen que permanece inmutable desde hace décadas, y que garantiza un empleo vitalicio a los funcionarios públicos.

Además de estas medidas, Durão Barroso quiere reducir el peso del Estado en la economía nacional a través de una fuerte reducción del gasto en dos de los sectores que más reciben de las cuentas públicas, Educación y Sanidad.

En el sector sanitario, las medidas de ajuste prevén que no aumenten las transferencias públicas por encima del 4% anual, en paralelo al estímulo de las rentas propias del sistema de salud y de avances en la eficiencia, mediante una mejor gestión empresarial de los hospitales. El capítulo educativo registrará un crecimiento nulo de las transferencias para la enseñanza superior, a cambio de un aumento de la eficiencia y de la captación de recursos propios, y se sugiere a este respecto un aumento del precio de las matrículas.

Con todo, y pese a aludir a factores de inseguridad externa, "que no dependen de nuestro país" -como el eventual encarecimiento del petróleo en caso de guerra con Irak-, Durão Barroso opinó que "puede que en 2003 estemos mejor que ahora".

El jefe del Ejecutivo luso confió en una recuperación de la economía portuguesa en la segunda mitad del año que viene, frente a la división de opiniones de los principales expertos del país.