El Gobierno eleva la multa por blanqueo hasta el 50% de la suma no declarada

El Gobierno se propone aumentar el control sobre el blanqueo de dinero con una nueva ley enviada a finales de la pasada semana al Congreso. La norma endurece las sanciones actuales cuando se incumplan las obligaciones de comunicar movimientos de capitales, tanto dentro como fuera de España. La multa pasa del 5% actual hasta un 50% de la cantidad no declarada, e incluso el 100% si hay intencionalidad. La obligación de comunicar movimientos de dinero se establece, por primera vez, en 80.500 euros para traslados dentro del territorio nacional.

La nueva regulación sobre el régimen de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales tiene dos objetivos muy claros: el primero es que no se vuelvan a producir casos como el de las cuentas secretas del BBVA o las del HSBC descubiertas a raíz del caso Gescartera. El otro gran objetivo es obstaculizar el uso de los movimientos de efectivo o medios de pago como instrumentos que faciliten el blanqueo o la financiación a grupos terroristas.

El proyecto de ley aumenta el rigor y el control sobre movimientos de efectivo en territorio nacional y en frontera. Habrá una obligación de declarar todo movimiento de efectivo en territorio nacional superior a 80.500 euros, medida que se añade a la necesidad de declarar movimientos a través de fronteras superiores a 6.000 euros, obligación que se mantiene en sus términos actuales. En la actualidad, los bancos están obligados sólo a identificar operaciones cuyo valor supere 15.025 euros o su contravalor en divisas.

En caso de incumplimiento, las sanciones previstas son mucho más duras que la existente, que van hasta un 5% del montante no declarado. Según el proyecto de ley, las autoridades pueden llegar a imponer una multa equivalente al 50% de la cantidad no declarada, y si se descubre que ha habido intención de ocultar la situación irregular al Gobierno, la sanción puede llegar a ser por el total de la suma no registrada.

Añadido a esto, en el proyecto de ley se favorece el intercambio de información entre la Agencia Tributaria y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. El objetivo es la mejora de la capacidad de investigación de operaciones de blanqueo, mediante la integración de información tributaria en las mismas, con el fin de incrementar la eficiencia y los resultados obtenidos a partir de las comunicaciones realizadas por las entidades financieras. En el proyecto se establece, además, que los bancos deben controlar si la suma global se fracciona con el fin de impedir la identificación de su titular. Esta norma está prevista para la detección de movimientos de dinero relacionados con el terrorismo o el narcotráfico.

Por otra parte, el proyecto de ley habilita al Gobierno a establecer y precisar reglamentariamente los supuestos que hayan de quedar exceptuados. Uno de estos casos puede ser, por ejemplo, el servicio de transporte de caudales, puesto que aunque el Ejecutivo quiera controlar cada maleta o bolsa con más de 80.500 euros que se mueva por España, sería un problema enorme para las empresas de seguridad tener que informar en cada uno de los traslados que haga de una suma que exceda la cantidad mínima establecida que debe ser informada.

No obstante, las excepciones a la norma serán muy pocas y muy específicas, puesto que la realidad demuestra que cuanto más efectivos son los controles sobre operaciones de blanqueo aplicados por las entidades financieras, mayor es el incentivo a mover los fondos fuera del sistema financiero.

Colaboración

El Gobierno tiene previsto aprobar otro paquete normativo para la lucha contra el blanqueo de capitales que obliga a los abogados a prestar su colaboración. La nueva normativa ha alarmado a los profesionales del derecho después de que el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, afirmase que "se incluiría a los profesionales del derecho como nuevos sujetos obligados al cumplimiento de la obligación de identificación y comunicación de operaciones sospechosas". Para los abogados, el proyecto de ley "afecta al secreto profesional y convierte a los abogados en delatores".