Una mujer recibirá 90.000 euros tras 17 años de pleitos por la amputación de una pierna

Diecisiete años después de haber presentado su primera denuncia, Francisca González, de 63 años, recibirá una indemnización del Insalud (Imsalud, de Madrid, desde el traspaso de competencias) de 90.151 euros (15 millones de pesetas) por haber padecido la amputación de la pierna izquierda a resultas de una gangrena contraída por una infección después de haber sido operada de un tumor en el peroné. La cantidad, designada por Tribunal Superior de Justicia de Madrid, representa menos de la mitad de lo que la mujer había solicitado por daños físicos y morales.

Francisca lanzó su primer quejido de dolor el 21 de mayo de 1983, al día siguiente de ser intervenida en el pabellón 8 de especialidades quirúrgicas (a la sazón independiente del Insalud y del hospital de San Carlos) de la Ciudad Universitaria de Madrid. El cirujano, L. S., consideró normal que hubiera síntomas de dolor y decidió no proceder a quitarle el vendaje. Un día después, domingo, y ante la intensidad del sufrimiento, otro doctor, L. D., decidió trasladarla al quirófano y, bajo anestesia general, proceder a la limpieza de la herida. El olor y el aspecto de la zona intervenida avisaron a L. D. de que podía existir un cuadro de gangrena gaseosa y éste decidió que Francisca fuera trasladada urgentemente al hospital La Paz, de Madrid.

Ese mismo día, y en este hospital, le fue amputado el miembro a la altura del tercio medio superior del muslo (próximo a la ingle). El diagnóstico de gangrena no sólo era acertado, sino que los cirujanos se encontraron frente a una necrosis de los músculos, con pérdida de sensibilidad y de movilidad en toda la pierna.

Dos años después, en 1985, cuando salió del trance, Francisca interpuso una querella criminal, pero ésta fue desestimada en 1993 por la imposibilidad de acreditarse que hubo negligencia. Los informes médicos señalaban que el germen de la gangrena se encuentra muy difundido en el ambiente, en las heces de la mayoría de los seres humanos, en los aparatos respiratorio y genitourinario y en la piel, y que "la presencia de este germen no es suficiente para el desarrollo de la enfermedad".

Francisca González no quedó conforme y recurrió dos años después a pedir una indemnización ante el Juzgado de lo Social. Pero éste se declaró incompetente en julio de 1994, ya que un decreto del año anterior trasladaba este tipo de demandas a los tribunales de lo contencioso-administrativo, sala a la que acudió la paciente en 1994 y que es autora de la sentencia que hoy condena al Insalud a indemnizarla.

La sentencia señala que, pese a ser requerido en tres ocasiones por los jueces, el pabellón 8, hospital de San Carlos (Clínico), Ciudad Universitaria, no facilitó al tribunal un informe sobre las medidas de higiene y saneamiento del centro. Tampoco facilitó la historia de la paciente y lo mismo sucedió con el resultado de la biopsia de la primera operación. En aquellos años, el pabellón 8 era independiente de la salud pública, cedía sus instalaciones, sitas en la Ciudad Universitaria, a cirujanos de ambulatorios y hospitales, pero sólo pasó a depender del hospital San Carlos (Clínico) de Madrid, a partir de 1989. Lo que podría explicar, según un portavoz de este hospital, el silencio a los requerimientos del tribunal. El caso está siendo sometido a estudio en este centro desde que recibió la sentencia.

El juez ha determinado que el hospital y, debido a su carácter público, la Administración-Insalud (Imsalud), "debiera haber adoptado las medidas pertinentes para esterilizar el quirófano", y condena, por negligencia, al Insalud al pago de 90.151 euros. "Menos de lo que esperábamos. Después de 17 años, esa cantidad no cubre el daño a que ha sido sometida Francisca", afirma Adolfo Barreda, abogado de la paciente en esta última causa.

Francisca perdió la pierna con 44 años, pero también se quedó sin trabajo en la empresa de limpieza a la que se vio obligada a incorporarse después de que su marido perdiera el empleo. "Lo que me van a dar me parece una limosna", protesta. Lo peor es que todavía no se ha terminado el capítulo de pleitos. Cabe la posibilidad de recurso al Supremo, así es que ella desconoce cuándo le será entregado el dinero.

Entretanto, hace unos meses ha tenido que pagar 559 euros por el arreglo y la adaptación de una antigua prótesis. Será la tercera. La primera y la segunda fueron gratuitas, pero a partir de ahora ella tiene que pagar una parte y, para ahorrar (cobra 510 euros de pensión al mes), ha decidido que le readapten una antigua que no pudo utilizar porque, al ser articulada en la rodilla, le hacía perder estabilidad y esto le costó varias caídas con fractura de huesos.

Pero el apaño no le está dando muy buen resultado. La pierna ortopédica no termina de encajar convenientemente y le provoca fuertes y frecuentes dolores en el muñón, que se adapta difícilmente a las prótesis debido a su escasa longitud. "Salir a la calle me supone un suplicio incluso utilizando las muletas", comenta Francisca.